El Gobierno impulsa los derechos de las mujeres discapacitadas con un plan de 150 medidas
MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, celebrado ayer, el Grupo Sifu denunció que el 80 por ciento de los empresarios no cumple con la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que establece que un 2 por ciento de los puestos de trabajo de empresas de más de 50 trabajadores debe estar cubierto por personal discapacitado.
A pesar de que el 70 por ciento de los empresarios que contratan a personas discapacitadas afirma estar satisfecho con el resultado, la tasa de paro de este colectivo se encuentra por encima del 40 por ciento. Además, dos de cada tres discapacitados en edad laboral están en inactividad, según la Encuesta de Población Activa de 2002, uno de los estudios más recientes relacionados con la situación laboral de este colectivo.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) emitió ayer un manifiesto en el que pide un cambio en los planes de estudio y prioridad de acciones de inserción laboral para la juventud con discapacidad.
De este modo, destacan que la juventud con discapacidad soporta "graves carencias y omisiones" que afectan a su desarrollo integral, al ver limitado el derecho de igualdad de acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la participación en la vida social y política, a la toma de decisiones, a la tutela efectiva, a la información, a la familia, a la vivienda, al deporte y a la cultura en general.
Por ello, piden el acceso a planes de estudio que fomenten el tratamiento de la diversidad como instrumento de educación y normalización clave, para alcanzar la plena inclusión social con las adaptaciones y recursos necesarios para que la discapacidad no suponga el límite de nuestro desarrollo formativo.
Además, añaden la prioridad de acciones de inserción laboral para la juventud con discapacidad, desarrollando y aplicando los principios de igualdad de derechos, de trato y de oportunidades, que promuevan la integración laboral y normalización social de nuestro grupo social, como motor de riqueza social y desarrollo sostenible.
Por otro lado, con el desarrollo de la Ley de Dependencia --que atenderá a más de un millón y medio de dependientes, más otros tres millones de familiares o cuidadores-- esperan que se dé una elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad, intelectuales, etcétera, logrando la condición humana bajo los principios de protección, promoción y seguridad de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, recogidos en la Convención Internacional de las Naciones Unidas.
ACCIONES GUBERNAMENTALES
Por su parte, el Gobierno acaba de aprobar la creación de un sistema de arbitraje en cada comunidad autónoma para que aquellas personas discapacitadas que sufren discriminación por su situación puedan "transmitir sus quejas y reclamar igualdad de oportunidades".
Asimismo, también aprobó un real decreto en el que se determina qué se entiende por persona discapacitada, así como la elaboración de un Plan de Acción de Mujer con Discapacidad, con el objetivo de eliminar la doble discriminación de este colectivo mediante medidas que les garanticen el ejercicio y disfrute de sus derechos.
Este Plan incluye 150 medidas de acción positiva y de carácter transversal a desarrollar en el área familiar, en el ámbito educativo, en la salud, el empleo y en el de la participación. Asimismo, en materia de protección social y jurídica las mujeres tendrán plenamente garantizados sus derechos como ciudadanas para que cuenten con recursos, atención y acciones positivas propias.
