MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La policía brasileña desalojó recientemente a las comunidades indígenas Tupinikim y Guaraní de los terrenos en los que se habían asentado desde el año pasado, con motivo de una sentencia dictada por el juzgado federal del estado de Espirito Santo (sureste) en la que se reconocía que esos terrenos son propiedad de la compañía Aracruz Celulose desde hace más de 40 años.
La ONG Red Alerta contra el Desierto Verde denunció que durante el desalojo de estas dos comunidades indígenas se produjeron todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos, ante lo que "las instituciones no fueron capaces de proteger y defender a los ciudadanos del Estado autoritario".
Por este motivo, la ONG manifestó su "perplejidad e indignación" por estas actuaciones en un país "que se considera democrático", firmante del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que está gobernado "por un ex trabajador y ex perseguido por la dictadura militar".
ORIGEN DEL PROBLEMA
Por otro lado, los Tupinikim y los Guaraní se asentaron en esos terrenos inducidos por los estudios realizados por el gobierno federal a través del Organismo Federal para los Asuntos Indígenas (FUNAI), que fueron reconocidos por el ministro de Justicia en 1998.
Ante estos estudios, la compañía de celulosa mostró su oposición desde el comienzo de este proceso, situación que ha provocado acciones como el reciente desalojo, que se saldó con trece heridos.
Asimismo, fueron detenidos dos dirigentes indígenas "que sufrieron varias agresiones" y uno de ellos padeció la fractura de un brazo durante la detención. Las máquinas utilizadas para derribar las casas de los habitantes de las aldeas de Córrego do Ouro y Olho DÁgua eran propiedad de Aracruz Celulose, que no consiguieron desalojar por completo la zona, por lo que los indígenas comenzaron la reconstrucción de sus hogares en cuanto se marcharon las autoridades.
A pesar de la sentencia del tribunal, el Ministerio Público Federal de Espirito Santo "no fue notificado". Sin embargo, en la FUNAI sí que tuvieron conocimiento de la sentencia pero no de la acción policial.
CONTRADICCIONES
En fechas anteriores al desalojo de ambas comunidades, el Ministerio de Justicia había entablado conversaciones con las comunidades indígenas para el reconocimiento oficial de las cerca de 11.000 hectáreas de tierra que son objeto de la disputa. En este proceso de debate participaron la FUNAI, el Ministerio Público Federal, la Comisión de Derechos Humanos y minorías de la Cámara Federal, así como parlamentarios del estado y diferentes entidades.
De este modo, desde la ONG resaltaron que la actuación policial "se planificó cuidadosamente" para que tuviera lugar en el mes de vacaciones de la mayoría de la población. Así, la expulsión se realizó en viernes "con el fin de minimizar aún más la repercusión en la opinión pública nacional e internacional".
De esta forma, la ONG criticó la actuación de la policía contra las comunidades Tupikinim y Guaraní y comunicaron su deseo para que esta acción violenta "sirva para fortalecer la unión de estos pueblos". Así, en su opinión la lucha de estas comunidades "será victoriosa porque se funda en un derecho incontestable".
Finalmente, aseguraron que Aracruz "no ganará esta batalla, pues eligió el camino de la mentira y la violencia, todo para garantizar el aumento del lucro de sus accionistas". Para ello, solicitaron desde la ONG que se lleven a cabo manifestaciones para mostrar la oposición contra estas actuaciones.
