Los SIG demandan una autorización, en un principio provisional, para comenzar a trabajar, y hasta que se 'limen' los desacuerdos
MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundación ECOTIC, junto con las demás fundaciones destinadas a la recogida y reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se reunió estos días con la Agencia de Residuos de Cataluña para llegar a un preacuerdo con el que empezar a recoger los residuos. Los encuentros continuarán en las próximas semanas con el resto de Comunidades Autónomas. La finalidad es conseguir validar el proceso de recogida con una autorización administrativa definitiva en todas las CCAA par ECOTIC y el resto de empresas dedicadas a esta labor.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente apoya la postura de las Comunidades Autónomas en estas negociaciones sobre la recogida de de este tipo de residuos. Tras estos encuentros, las posturas se han aproximado, y las entidades de reciclado consideran que "es inminente un preacuerdo que dé el pistoletazo de salida a la autorización definitiva".
En las reuniones previas a este encuentro en Cataluña, se establecieron siete grupos de trabajo independientes y un calendario de reuniones, que se prevé finalicen esta misma semana con un posible preacuerdo con el que iniciar la recopilación de datos y elaborar un resumen de resultados, lo que supondría el marco inicial para llegar a una preautorización. Después, se tendría que formalizar el acuerdo definitivo.
Según explica ECOTIC en un comunicado, esta preautorización resulta "un trámite imprescindible" para dar validez al proceso y cumplir con lo fijado por el Real Decreto 208 RAEE de 2005. Sin esta autorización, los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) no pueden cubrir las previsiones de los productores, ni las necesidades del mercado.
Tampoco pueden recoger los residuos electrónicos de las grandes superficies de distribución, ni dar servicio a los pequeños comercios que lo están solicitando. Sin esta autorización, "tampoco es posible recoger en los puntos limpios, responsabilidad hasta la fecha de las administraciones locales", señala el comunicado.
A pesar de todo ello, los SIG están recogiendo residuos en diversas Comunidades de España, aún sin autorización administrativa, ya que hay urgencias en ciertas localidades y en ciertos puntos de la distribución que así lo solicitan.
ACUERDO DE ALTO NIVEL
A pesar de que la gestión de RAEE y las autorizaciones son competencia de las Comunidades Autónomas, durante los últimos meses, la Fundación ECOTIC junto al resto de SIG, ha mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente y con el de Industria, para buscar un acuerdo definitivo al más alto nivel y desatascar así la paralización legal de tales autorizaciones.
El Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado su acuerdo con las exigencias expresadas por las CCAA, mientras que el de Industria se ha mostrado receptivo a las demandas de los SIG, alegando, sin embargo, que el problema "no es de su competencia", pues fue el Ministerio de Medio Ambiente quien elaboró la ley.
Algunas de las peticiones de las Administraciones son, entre otras, la exigencia de un solo interlocutor, cuando en realidad existen nueve SIG que gestionan los RAEE clasificados en diez categorías y 17 Comunidades Autónomas; es decir, las CCAA requieren una oficina de coordinación, que el Real Decreto no exige.
Además, piden un aval bancario por parte de cada CCAA como requisito previo para la autorización, "cuando el Real Decreto no sólo no lo contempla, sino que lo descarta expresamente para aquellas entidades que se constituyan en SIG", así como el pago de los residuos almacenados y reciclados con efectos retroactivos desde el 13 de agosto de 2005.
Los SIG, a pesar de haberlo solicitado, no han sido autorizados hasta la fecha y por tanto, "no han podido controlar la gestión de esos residuos históricos", recuerda ECOTIC. En consecuencia, los SIG entienden que tales residuos "no son de su responsabilidad". Consideran además que hasta la debida autorización, "los residuos son responsabilidad de las CCAA, según la legislación vigente".
Asimismo, reclaman compensaciones económicas a beneficio de los municipios, para contribuir a financiar el coste que generan, por ejemplo, los puntos limpios o los sistemas de recogida selectiva a domicilio, una obligación que legalmente recae en las CCAA y que duplicaría los costes actuales.
También reclaman la financiación por parte de los SIG de los costes de campañas de comunicación específicas sobre RAEE, dirigidas especialmente a la ciudadanía, que, si bien es uno de los principios fundacionales de la mayoría de los SIG, "no tiene el carácter de obligatorio, ni la onerosidad con la que se demanda desde las CCAA".
Los SIG, por el contrario, apuestan por organizarse en oficina de coordinación y ahorrar costes innecesarios, así como financiar el tratamiento de los RAEE a partir del momento en que los SIG sean autorizados, ya que la petición de autorización se solicitó dentro del plazo establecido, aunque podría llegarse a un acuerdo si éste fuese en paralelo con otros puntos de los comentados. Piden también que las Administraciones sigan el proceso legal y resuelvan mediante el oportuno trámite administrativo conforme la ley.
De esta forma, sí se refieren a compensar a las Administraciones en aquellos casos que el tratamiento de los RAEE represente realmente un extra-coste, pero hacerlo sin carácter retroactivo y sólo si realmente supone un extra-coste, "sin tener que pagar una nueva tasa en un ámbito, como es el de las basuras y los voluminosos, que el conjunto de los ciudadanos ya pagan y por tanto ya está cubierto".
"Cabe aclarar que la negativa de los SIG a pagar costes innecesarios o abusivos, tiene como objetivo velar por el tratamiento más eficiente y el menor coste posible, ya que los costes del reciclaje de los RAEE, financiados por las empresas que conforman los SIG, acaban repercutiéndose en los precios que pagan después los consumidores", explica ECOTIC.
A su juicio, la duplicación de costes y márgenes "en un tema de tal trascendencia ambiental y económica que comportaría un desajuste real con los demás países del entorno Europeo, donde no se está gravando con tal onerosidad a los productores, consiguiendo sin embargo, un muy eficiente sistema de protección del Medio Ambiente".
Los SIG piden en definitiva, una autorización "aunque sea sólo provisional", para poder analizar las dificultades con las que se encontrarán en el transcurso del proceso, poder recopilar toda la información imprescindible para establecer los costes reales, y estructurar las fórmulas de colaboración con las CCAA, "siempre en un entorno de colaboración lo más razonable y justo posible, en beneficio del consumidor y del Medio Ambiente".
En este sentido, esperan llegar a una solución y piden a las Administraciones que "entiendan" los problemas que se podrían generar de no concederse una autorización provisional, al menos "mientras se termina de negociar el resto de puntos en discordia".
