BRUSELAS, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha concluido que la ayuda fiscal con un valor de hasta 900 millones de euros concedida por Francia a la compañía de correos La Poste para mantener una "alta densidad" de su actividad hasta 2022 está en línea con las normas europeas de ayudas de Estado, según ha informado este viernes en un comunicado.
Bruselas ha explicado que el objetivo de la medida es asegurar los servicios postales en el país, especialmente en áreas rurales. El programa se basa en la sustitución progresiva de oficinas postales por acuerdos con tiendas locales y ayuntamientos, que actuarán como puntos de contacto y son "más baratos", por lo que se reducirán los costes.
Para financiar esta medida, el contrato de servicios entre el Estado francés y La Poste para el periodo 2018-2022 incluye una ayuda fiscal para la compañía cuyo valor alcanzaría un máximo de 900 millones de euros para todo el periodo.
El análisis de Bruselas ha concluido que la compensación prevista no excede la cantidad necesaria para cubrir los costes netos de la medida. Por tanto, ha determinado que la misma cumple con la legislación europea en materia de ayudas de Estado.
"Un acceso fácil a servicios postales es vital para todos los ciudadanos europeos. La decisión de hoy permite a La Poste recibir una compensación para que pueda seguir desarrollando su papel social y económico fundamental y una misión importante de servicio público sin distorsionar indebidamente la competencia", ha señalado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
INVESTIGACIÓN POR LAS AYUDAS A CORREOS EN ESPAÑA
La Comisión Europea mantiene abierta una investigación en profundidad para examinar si las ayudas Estatales otorgadas por España a Correos desde 2004 se ajustan a las normas europeas. En concreto, analiza si la financiación pública a esta empresa ha supuesto una compensación excesiva por el desempeño de sus obligaciones de servicio público postal.
Esta investigación fue abierta por el Ejecutivo comunitario en febrero de 2016 tras recibir dos denuncias que alegaban que Correos se había beneficiado de varias medidas de ayuda estatal ilegales. Bruselas detectó en su dictamen preliminar que los niveles de rentabilidad alcanzados por Correos "parecen superar el nivel de beneficio razonable", según informó entonces en un comunicado.
