El proyecto parte de un pacto entre el PSOE y el PP al que se suman propuestas de grupos minoritarios, sobre todo en materia competencial
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia bajo un amplio consenso entre los grupos parlamentarios, ya que introduce garantías "en la distribución de competencias y una mayor seguridad jurídica". La próxima semana, el proyecto de Ley se debatirá y votará en el Pleno de la Cámara Baja.
La tramitación de la Ley de Defensa de la Competencia parte de un acuerdo inicial entre el PSOE y el PP. Entre los elementos pactados por los dos grupos mayoritarios, destaca el hecho de que la Comisión de Defensa de la Competencia se vaya a conformar por seis consejeros.
Por su parte, los grupos parlamentarios de CiU, ERC, PNV, IU-ICV y Grupo Mixto han conseguido introducir numerosas propuestas a través de una batería de enmiendas transaccionales, que se refieren, en su mayoría, a aspectos competenciales.
En el transcurso del debate, la diputada del PSOE Elisenda Malaret explicó los temas sobre los que se ha llegado a acuerdos, no sólo con los 'populares', sino con el resto de grupos minoritarios. Así, respecto a las cuestiones relativas al derecho de la competencia, recordó que "se ha delimitado mejor el concepto de concentración".
Asimismo, hizo hincapié en que se ha aumentado el número de miembros del consejo "para que exista un mayor pluralismo" y en que el nombramiento del director de investigación deberá aprobarse por "una mayoría del consejo".
A este elemento, sumó la "articulación de cometidos entre la Comisión Nacional de Competencia y las responsabilidades con los organismos de comunidades para mejorar la colaboración interinstitucional", subrayando que la ley "reconoce facultades equiparables a los organismos autonómicas a aquellas que se asignan a la Comisión", y que, en este sentido, se han acordado numerosas propuestas con los grupos minoritarios.
En lo relativo a la mejora del régimen de garantías, "en aras a una mayor seguridad jurídica, el proyecto apuesta por la reducción de los plazos de las resoluciones, por lo que el proyecto acota mejor los supuestos en que cabe la ampliación o suspensión de este plazo", añadió.
Al término del debate, la diputada socialista explicó que "lo más relevante" del proyecto de ley es que "dota de mayor seguridad jurídica a los operadores y a los distintos organismos de Defensa de la Competencia que intervienen en España, sea la Comisión Nacional de Competencia o los organismos de las comunidades autónomas".
GOBIERNO SÓLO ENTRARÁ EN POLÍTIGAS GENERALES.
En este sentido, aclaró que el proyecto "elimina la posibilidad de que el Gobierno entre en cuestiones de Defensa de la Competencia, pero permite que sea el garante y tutor de políticas de interés general". Este modelo "ha recibido el apoyo de todos los grupos", recordó, aludiendo a las enmiendas del proyecto sobre esta materia que fueron apoyadas por unanimidad.
Respecto al régimen relativo a los informes en relación a los grandes establecimientos comerciales, Malaret recordó que esta materia ya "está establecida con toda claridad en una sentencia reciente del Tribunal Constitucional", y que, "de hecho, algunos organismos de Defensa de Competencia autonómicos ya estaban ejerciendo estas competencias".
Sin embargo, precisó que en el proyecto "se explicita que el Consejo Nacional de Competencia sólo interviene en la medida en que la instalación de un establecimiento comercial tiene un efecto y una significación 'supraautonómica'". Esto permite que la Comisión Nacional de la Competencia "tenga más elementos para decidir", añadió.
CONCENTRACIONES EN EL MERCADO AUTONÓMICO.
En materia de concentraciones, recordó que "no se han cambiado los criterios de distribución de competencia", y que "en el procedimiento, sólo se ha introducido un informe de los organismos de defensa de la competencia autonómica única y exclusivamente cuando la concentración afecte de manera significativa al mercado 'intraautonómico'".
Al hilo de este tema, aseguró que "la novedad radical" en la Ley es "delimitar mucho mejor el papel del Gobierno en materia de concentraciones y sobre todo atribuir el papel fundamental a la Comisión Nacional de Competencia". "Sólo cuando esta haya determinado su posición elevará la cuestión al ministro de Economía, que en su caso, podrá elevar a su vez la decisión al Consejo de Ministros", agregó.
ELIMINACIONES "A TÍTULO INDICATIVO".
La diputada destacó que en el proyecto "se ha reducido el enunciado de supuestos que a título indicativo, el Consejo de Ministros podía tomar en consideración para admitir determinadas concentraciones". En concreto, se elimina el supuesto que afecta "al pluralismo informativo, el que se refiere a políticas sociales y el relativo a la unidad de mercado".
Por otra parte, respecto al nombramiento de los seis consejeros y el presidente, explicó que la ley prevé que cuando el Gobierno proponga a sus candidatos, "estos sean examinados por parte de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y después de este examen del que tomará nota el Ejecutivo, se producirá el nombramiento efectivo".
