MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a través de una carta formal tanto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, como a la presidencia chipriota dirigida por Maria Panayiotou, ha puesto en evidencia los efectos que está teniendo en los fertilizantes el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), que penaliza las importaciones de abonos, y pide suspender su aplicación, según informa en un comunicado
En concreto, la organización agraria, que ya mostró su preocupación antes de la entrada en vigor de este mecanismo a finales de año, se reafirma en el impacto negativo que está teniendo para el sector en estos primeros meses, ya que los primeros datos disponibles revelan una reducción sustancial de las importaciones de fertilizantes de terceros países, acompañada de un incremento notable de los precios, lo que está repercutiendo directamente en los agricultores.
"Sólo están los datos del primer mes en el que ha aplicado este mecanismo, que es el de enero, pero si se compara con la media de los meses de enero de los 10 años anteriores, las importaciones de abonos han caído un 56% y el precio había subido casi el 20%", han señalado desde la organización, que apunta a que la situación es aún en la actualidad más acusada.
En un sector con márgenes tan reducidos como el agrario y con poca capacidad para trasladar estos incrementos a la cadena alimentaria y en un contexto de gran incertidumbre como el actual, Unión de Uniones insta a la Comisión a hacer un balance del impacto que está suponiendo este mecanismo y la adopción de medidas de alivio a corto plazo.
Por otra parte, también se ha dirigido al Ministerio de Agricultura y ha reclamado a Luis Planas que defienda al sector y se posicione, en el debate abierto que se está dando en el Consejo, juntos a esos estados miembro que estarían planteando medidas como la suspensión temporal del mecanismo o la adopción de compensaciones.
Unión de Uniones recuerda que sólo en España, el gasto agrícola en fertilizantes supera los 2.300 millones de euros anuales, representando en torno al 7,5% de los consumos intermedios, por lo que para muchas explotaciones cualquier incremento adicional en el precio de estos insumos afecta directamente a su viabilidad.