Un lustro de la intervención judicial de Intervida, que ha perdido más de 200.000 socios

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Este miércoles 11 de julio se cumplen cinco años desde que la Fundación Intervida fue intervenida por orden judicial y sus fundadores, ya absueltos, acusados de malversar fondos de esta entidad que llegó a ser la primera de España y que ha perdido en este tiempo más de 200.000 abonados.

   Con el lustro vence el plazo de intervención judicial, aunque aún queda una pieza abierta y un recurso pendientes de resolución que frenan la vuelta de los antiguos gestores al frente de Intervida, Rafael Puertas y Eduardo Castelló.

   La fundación y todas las organizaciones vinculadas a la misma fueron intervenidas por orden judicial el 11 de julio de 2007, cuando, según la última memoria económica disponible en aquellas fechas, Intervida gozaba de unos ingresos cercanos a los 92 millones de euros de los que más de 87 procedían de sus afiliados, unos 350.000 padrinos.

   Cinco años después, la base consolidada de padrinos y donantes de Intervida España se cifra en 119.300, tal y como recoge el último informe de situación que los administradores judiciales han remitido a la Sala, que corresponde al segundo semestre de 2011. Según la memoria económica de Fundación Intervida en 2010, en aquel ejercicio la fundación ingresó por actividades 39,1 millones de euros.

   Para el cofundador de Fundación Intervida Rafael Puertas, absuelto en la causa, esta merma en los beneficios y los padrinos son fruto de un "cambio de modelo" que ha dejado la entidad "irreconocible" y que la ha desplazado del primer al quinto puesto en volumen de gestión en España, tanto a nivel de beneficiarios, como de socios y afiliados.

   En declaraciones a Europa Press, ha explicado que lo más notable en este sentido ha sido el citado cambio que han querido llevar a cabo los administradores "a imagen de Intermón Oxfam", al apostar por la cooperación con contrapartes locales en lugar del sistema de intervención directa en los países del Sur y de apadrinamiento que había consolidado Fundación Intervida.

   "Se ha destruido así un modelo innovador y que dio impresionantes resultados tanto en España, como en Italia y otros países pero, sobre todo, en los países del Sur donde trabajábamos, en los que se realizó una obra social inmensa en el plazo de muy pocos años, pero que, siendo como era diferente al conocido hasta entonces, despertó recelos en el sector con unas críticas que fueron recogidas en las acusaciones contra Intervida", ha señalado Puertas.

UNA "SITUACIÓN EXTRAÑA"

   Según el Código Penal, las medidas cautelares de intervención y suspensión de los cargos vencen al cabo de cinco años y, por tanto, los antiguos gestores podrían recuperar sus puestos esta semana, bien el día 11, aniversario de la intervención judicial, bien el día 13, cuando se cumple un lustro de la designación de los primeros administradores.

   No obstante, el auto de sobreseimiento del caso que dictó en marzo el juez de la Audiencia Nacional Pablo Rafael Ruz, señalaba que las medidas cautelares se mantenían en espera de que el juzgado de Barcelona que las dictó en 2007 se pronunciase sobre las mismas.

   Sin embargo, el caso aún no ha salido de la Audiencia Nacional, ya que la Generalitat de Cataluña presentó un recurso contra el sobreseimiento que fue rechazado y planteó una apelación a la Sala, que aún no se ha pronunciado, según fuentes conocedoras del procedimiento consultadas por Europa Press.

   Además, permanece viva una pieza separada del caso Intervida sobre la que aún no hay resolución judicial. Es la que afecta directamente al cofundador Eduardo Castelló en relación a una transferencia de fondos que ordenó a la organización que trabajaba con Intervida en Perú el mismo día de la intervención judicial.

   Puertas ha explicado que "la situación actual es un poco extraña" porque el recurso no se ha resuelto pero el Código Penal impone que los cargos sean restituidos a los anteriores gestores. Esto, además, puede dar inseguridad a los administradores actuales, ya que las decisiones que adopten a partir del vencimiento podrían ser impugnados posteriormente.

   Por este motivo, la administración judicial, compuesta actualmente por Maurici Romero, Alexandre Masllorens y Pere Galí, ha remitido un escrito al juez Ruz solicitando que emita una resolución "aclarando expresamente" si se da o no continuidad a la intervención de la fundación, a fin e que "los administradores judiciales puedan seguir gestionando con total garantía y seguridad jurídica", conforme las alegaciones a las que ha tenido acceso Europa Press.

   El pasado 23 de marzo, el juez Pablo Rafael Ruz acordó el sobreseimiento del caso Intervida con un auto en el que dictó que "no concurren elementos indiciarios suficientes de haberse perpetrado por ninguno de los querellados una actividad encardinable en los delitos de estafa, apropiación indebida y societarios recogidos en la querella, tomando igualmente en consideración la doctrina jurisprudencial sentada en torno a tales ilícitos".