Publicado 02/03/2021 19:17CET

Delgado recuerda que el Consejo Fiscal valora positivamente el concepto de consentimiento en la ley del 'Solo sí es sí'

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado,en el Congreso
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado,en el Congreso - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha recordado este martes ante el Congreso que el Consejo Fiscal valoró positivamente en su informe la inclusión del concepto de consentimiento "como elemento esencial del delito de agresión sexual" que se recoge en la Ley Orgánica de Garantía de la Liberta Sexual, conocida como Ley del 'solo sí es sí'.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara baja, para informar de las memorias de la Fiscalía de años anteriores, Delgado ha señalado que, del texto, se "valora positivamente la adaptación del ordenamiento jurídico" español a "los compromisos internacionales" asumidos por el país, especialmente el Convenio de Estambul, además del Pacto de Estado aprobado en el Parlamento sobre violencia de género.

En dicho documento, ha reconocido, se plantean "mejoras técnicas, sistemáticas y, en algunos casos de redacción", pero, también, "valora positivamente y además por unanimidad" el concepto de consentimiento de la norma, redactada por el Ministerio de Igualdad.

EL CGPJ, CRÍTICO

Esta postura del Ministerio Fiscal contrasta con el documento recientemente aprobado, también por unanimidad, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que considera que la definición de consentimiento es "innecesaria" porque el Código Penal vigente "ya se asienta sobre la idea de consentimiento".

Además, cree que el consentimiento plantea una "problemática probatoria" (cuándo existe o no consentimiento), y que las eventuales
dificultades procesales para acreditar la ausencia de consentimiento no pueden trasladarse al ámbito de la tipicidad con la incorporación de una definición normativa de un elemento típico.

Esta norma, que fue aprobada en el Consejo de Ministros hace un año, tiene que ser revisada por el Consejo de Estado antes de regresar de nuevo al Consejo de Ministros y, de ahí, iniciar su tramitación en el Congreso.