Las medidas pactadas entre el Gobierno y Podemos en conciliación, igualdad, dependencia o pobreza infantil

Actualizado 11/10/2018 13:49:48 CET
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   MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno y Podemos han alcanzado un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 que inlcuye medidas en materia de conciliación, dependencia, pobreza infantil o igualdad, entre otros.

   En concreto, el acuerdo detalla una serie de medidas para lograr una 'Sociedad más feminista' entre las que destaca el pacto de la equiparación progresiva del permiso de paternidad al de maternidad, lo que supondrá un coste de 300 millones de euros en 2019, cuando preven que el permiso de paternida sea de ocho semanas.

   Así, la equiparación de este permiso --que actualmente es de cinco semanas-- se llevará a cabo progresivamente: en 2019, será de ocho semanas; en 2020, subirá a 12; y ya en 2021, alcanzará las 16 semanas de duración, igualando el permiso de maternidad.

   Por otro lado, el Gobierno y Unidos Podemos han pactado incrementar la prestación por hijo a cargo hasta 473 euros anuales en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, con el objetivo de que casi 100.000 niños salgan de la pobreza severa.

   Además, ante la "alta" tasa de pobreza, especialmente en los hogares con menores, el Ejecutivo y la formación morada proponen desarrollar el Ingreso Mínimo Vital. En primer lugar, incrementarán la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y, en una segunda fase, crearán un programa de garantía de renta para familias sin ingresos.

   En cuanto a la primera fase, han acordado aumentar progresivamente la prestación por hijo a cargo, comenzando por los umbrales de pobreza severa. Así, en 2019 se incrementará la prestación actual desde los 291 euros actuales hasta los 473 euros. El presupuesto para desarrollar la medida es de 180 millones de euros.

   El acuerdo de Presupuestos también contempla una inversión de 25 millones de euros en ayudas para comedor para que todos los menores de familias en situación de precariedad o riesgo de exclusión puedan acceder a una correcta alimentación.

   Asimismo, se acuerda impulsar la universalización y gratuidad de la escuela entre los 0 y 3 años con el fin de reducir la desigualdad, mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, y combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida.

   En este punto, el pacto contempla extender la educación de 0 a 3 años permitiendo a los Ayuntamientos con superávit a invertir en escuelas infantiles. Así, contempla que se incluyan 30 millones "para aquellos municipios que, no contando con superávit, planifiquen inversión" en escuelas infantiles. En total, se cifra el impacto presupuestario de estas medidas en 330 millones de euros.

CONSENTIMIENTO EXPRESO

   El acuerdo, firmado este mismo jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también contempla impulsar una reforma del Código Penal que introduzca el consentimiento expreso de la víctima en la tipificación de los delitos sexuales. El objetivo es que la falta de consentimiento se convierta "en clave nuclear" en este tipo de delitos.

   "Si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no", se argumenta en el pacto con el que se busca "blindar que solo es sí es sí" por ley. Asimismo, la norma implicará "la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de 'agresiones sexuales'". Es decir, eliminar la diferenciación entre delito de abuso sexual y el de agresión, una propuesta formulada por Unidos Podemos es la ley de Libertad Sexual registrada el mes de julio en el Congreso.

   Por otro lado, también se ha pactado incrementar en un 10% la dotación presupuestaria para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consignándose 220 millones de euros en 2019. Este incremento ya fue anunciado por el Ejecutivo, que precisó que el año que viene se duplicarán los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia de genero para los ayuntamientos, pasando de 20 millones en 2018 a 40 en 2019.

DEPENDENCIA Y BIENESTAR

   En cuanto al 'Blindaje del Estado de Bienestar', han acordado destinar 515 millones de euros más en 2019 para "mejorar" las cuantías del Sistema de Dependencia, lo que supone un "incremento del 40%" respecto al ejercicio anterior, hasta los 1.800 millones, y 315 millones de euros para "recuperar" las cuotas de la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares de los dependientes.

   En el epígrafe titulado 'Dependencia: Dignificar la situación de las personas con dependencia y recuperar la cotización de las cuidadoras no profesionales', el pacto entre ambas formaciones políticas concreta que para el 'nivel mínimo' se van a destinar 132 millones de euros más y para el 'nivel acordado' 383 millones más. De esta forma, calculan que el impacto presupuestario en 2019 asciende a 515 millones de euros.

   La otra pata del acuerdo en materia de dependecia tiene que ver con la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares, que en su mayoría son mujeres, y que el Gobierno anterior eximió al Estado de pagar estas cuotas. De esta forma, quieren recuperar el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, con una inversión de 315 millones de euros, para que se beneficien 180.000 personas.

   Asimismo, han acordado que se derogarán los artículos referidos a esta materia del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, "para asegurar que los derechos laborales y los derechos de las personas en situación de dependencia están garantizados en España".

   Por último, han pactado realizar una reforma "profunda" del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, para permitir que "cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía". Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales. Además, se mantendrá que la financiación sea íntegramente cubierta por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación.

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