MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Foro para la Integración de los Inmigrantes, organismo de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo, ha pedido al Gobierno que haga "más explícito" el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería en lo que se refiere al reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
Esta es una de las principales conclusiones del dictamen del Foro para la Integración sobre la propuesta de reforma del citado Reglamento, enviado por el Ejecutivo a los órganos preceptivos al igual que hiciera previamente con el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería.
No obstante, el foro explica que la modificación del Reglamento se justifica no sólo porque se vaya a cambiar la ley que desarrolla, sino porque es necesario adaptarlo a los estatutos de Autonomía de Cataluña y Andalucía, que reconocen a sendos gobiernos regionales la capacidad ejecutiva en materia de autorización inicial de trabajo por cuenta propia y ajena.
Por ello, la institución ha dejado al margen en su dictamen "una serie de modificaciones cuyo contenido es puramente formal" y se ha centrado en "modificaciones de fondo", como las que conciernen a la gestión autonómica y concluye que "no queda suficientemente claro el ámbito competencial" en algunos supuestos, como en las autorizaciones de trabajo para cónyuges y familiares.
Lo mismo ocurre con los supuestos de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Según el foro, la propuesta de reglamento en estos casos "plantea dudas razonables en relación con administraciones competentes en la materia", por lo que la institución considera que "debería aclararse el criterio utilizado para traspasar la competencia ejecutiva" en esta materia.
Asimismo, el foro pide que "se aclare" qué Administración es la competente cuando se solicitan los informes para determinar la admisión o no a trámite de una solicitud de residencia y trabajo y cuál ha de ser su contenido, ya la institución "entiende" que con el redactado actual se deja la puerta abierta a que las autonomías puedan decidir de forma unilateral los requisitos exigibles, al margen de los previstos en la ley con carácter general.
LIMITE TERRITORIAL PARA TRABAJAR
Otra de las cuestiones con las que se muestra más crítica la Institución es la limitación del ámbito geográfico de actuación en los permisos iniciales. El anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería deja a las CCAA decidir si limitan los permisos de trabajo a un determinado territorio --toda la región o sólo una provincia--, lo puede conducir a discriminación entre los trabajadores.
"Consideramos que no establecer un criterio claro en la modificación del Reglamento puede conducir a una desigualdad entre los trabajadores extranjeros con una autorización inicial en función de la Administración competente para conceder la autorización y el ámbito geográfico que establezca (...) y mostramos nuestras dudas acerca de la operatividad y eficacia desde el punto de vista administrativo", señala el dictamen.
Por ello, piden al Gobierno que elimine la posibilidad de que la Comunidad Autónoma delimite "la demarcación territorial" que considere oportuna y clarifique en el reglamento que el ámbito territorial al que pueden limitarse las autorizaciones es la provincia. Además, solicitan más flexibilidad administrativa y la creación de los procedimientos necesarios para que un inmigrante, si lo necesita, pueda trabajar en más de una comunidad autónoma.