La Policía desarticula una red de explotación a inmigrantes ilegales en una operación desarrollada en Madrid y Palma

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una organización dedicada presuntamente a impulsar la inmigración ilegal, la falsificación documental y la explotación sexual mendiante una operación que se ha saldado con 14 detenidos en Madrid, Leganés, Alcalá de Henares y Móstoles así como en Palma de Mallorca.

Todos los arrestados son personas de nacionalidad nigeriana, y se unen al arresto de otras cuatro detenidas por estancia irregular en el país, en una operación realidad por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental --y que continúa abierta-- junto a la colaboración de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Documentación de Madrid, Sevilla, León y Palma.

La Policía informó además que los 'cabecillas' de la red empleaban en sus domicilios y locutorios que regentaban cono laboratorios para la producción de documentos falsificados por los que los inmigrantes llegaban a pagar entre 600 y 1.200 euros.

El grupo desarticulado, además, explotaba sexualmente a mujeres, generalmente de su misma nacionalidad, a las que captaban en su país de origen mediante falsas promesas e incluso intimidándolas por medio de ritos de vudú para doblegar su voluntad. Una vez en España, se les informaba de que iban a ejercer la prostitución.

Luego se las recluía en pisos a la fuerza y se les exigía que abonaran una cantidad semanal a los miembros de la red por sus servicios sexuales, llegando incluso a someterlas a coacciones, palizas y amenazas si los ingresos no eran considerados suficientes por los integrantes de la red.

En el dispositivo se han practicado diez registros en los que se han intervenido todo tipo de útiles para elaborar los documentos, 17 ordenadores, teléfonos móviles, documentos falsificados, cartillas bancarias y 4.000 euros en efectivo.

COMIENZO DE LA OPERACIÓN

La investigación se inició en noviembre de 2007 en Sevilla tras analizar una denuncia en la que se hacía constar la existencia de una organización dedicada a proporcionar documentación falsificada a inmigrantes. Con estos papeles lograban entrar en nuestro país o permanecer en el mismo de forma aparentemente legal.

La organización falsificaba tarjetas de residencia para extranjeros, certificados de NIE y certificados del número de asignación a la Seguridad Social. En muchas ocasiones, los receptores de estos documentos eran ciudadanos extranjeros que habían llegado a España en patera o cayuco. Por los documentos pagaban entre 600 y 1.200 euros y con ellos podían ser contratados, abrir cuentas bancarias y establecer cualquier relación jurídica.

El modus operandi de la organización se basaba en una estructura piramidal compuesta por tres escalones. El primer escalón se dedicaba a captar inmigrantes ilegales a los que ofrecían la documentación falsificada. El segundo, estaba formado por hombres de confianza de los cabecillas de la organización (intermediarios).

Su misión consistía en conseguir documentos auténticos que después manipulaban (permisos de residencia o pasaportes) por los que pagaban una considerable cantidad de dinero a sus titulares. Estos, para lograr evadir la acción de la justicia, no dudaban en presentar sus correspondientes denuncias por la pérdida o sustracción de los documentos.

En la cumbre de la pirámide estaba el tercer escalón formado por los cabecillas del grupo. En sus domicilios y locutorios disponían de equipos informáticos, plastificadoras, impresoras, luz ultravioleta, tintas especiales y todo tipo de materiales para confeccionar los documentos.

Una vez elaborados eran remitidos por correo a los interesados, recogidos en el mismo laboratorio por los solicitantes, o entregados a otros miembros de la organización que los distribuían distintas provincias españolas, e incluso en países europeos como Francia e Italia.

El importe pagado por los clientes era entregado al cabecilla de la organización en el momento de recoger la documentación solicitada, bien en mano por sus colaboradores o a través de transferencias a cuentas bancarias que en muchas ocasiones eran abiertas con identidades falsas o a nombre de otras personas.