MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem han rechazado el acuerdo alcanzado por Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria con Ruanda para abrir un centro de deportación de migrantes en el país africano, una medida de un "elevado coste".
En declaraciones a Europa Press, ambas organizaciones han coincidido en señalar la falta de información sobre la letra pequeña del pacto anunciado este lunes y han cuestionado que Ruanda reúna las condiciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos que exige el nuevo Reglamento europeo de retorno, aprobado en junio.
Desde CEAR, su coordinadora de jurídico, Elena Muñoz, ha subrayado que la entidad mantiene una oposición "firme" desde el inicio de la tramitación de la normativa comunitaria y ha instado a todos los partidos políticos a abstenerse de aplicar esta vía, recordando que el reglamento "lo permite, pero no obliga".
En esta línea, ha advertido de que trasladar a migrantes a un país con el que no se tiene ningún vínculo puede vulnerar principios básicos del Derecho de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Según CEAR, los informes sobre la situación en Ruanda -gobernada bajo un sistema de "casi partido único"- alertan de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, persecución a periodistas y opositores, y "fallos muy importantes" en el sistema judicial.
"Si una persona está retenida en ese centro y quiere reclamar ante el sistema de justicia ruandés, que no funciona, ¿qué garantías de derechos humanos tiene?", ha planteado Muñoz, quien también ha alertado del riesgo de "devolución en cadena" a países donde los migrantes puedan sufrir torturas o tratos degradantes.
Asimismo, ha apuntado que los cinco países europeos podrían estar reutilizando las instalaciones que ya se prepararon para el fallido acuerdo entre Reino Unido y Ruanda, paralizado e invalidado por el Tribunal Supremo británico.
POLÍTICA DE "EXTERNALIZACIÓN DE FRONTERAS"
Para la entidad, este paso responde a una política progresiva de "externalización de fronteras" basada en la "falsa idea" de que el efecto disuasorio frenará las llegadas, cuando en realidad conlleva un coste económico "altísimo" e "ineficiente".
"Es una política totalmente ineficiente. el coste por cada persona que está enviada a estos centros es altísimo. Sería mucho más barato y mucho más eficiente hacer una política más humana en Europa para esas personas y no enviarles a un sufrimiento de la violación de derechos humanos que roza la legalidad", ha subrayado Muñoz.
Por su parte, desde Accem han calificado el pacto de "proyecto piloto" de "elevado coste" y han defendido que "existen otras políticas que son mucho mejor aplicadas y más beneficiosas tanto para la sociedad migrante como para la sociedad de acogida".
RUTAS IRREGULARES
La organización ha desmontado también el argumento de que estos centros sirven para combatir el tráfico de personas. Según Accem, deportar a migrantes a un tercer país no evita que tengan que recurrir a rutas irregulares y mafias para llegar a Europa; un problema que, a su juicio, solo se resuelve habilitando vías legales y seguras, como la solicitud de asilo en embajadas, y actuando sobre las causas en origen.
Del mismo modo, Accem ha expresado serias dudas sobre la viabilidad de garantizar derechos fuera de las fronteras comunitarias y ha recordado que Ruanda ya acoge a unos 140.000 refugiados, con estándares de protección inferiores a los europeos.
Sobre la motivación política de los países firmantes, Accem ha destacado que, salvo Grecia, ninguno es un Estado fronterizo de primera línea, atribuyendo la medida a dinámicas de política interna y a la "polarización" migratoria.
ALERTA DE LA POLARIZACIÓN
"Lo que estamos viendo es que hay una polarización últimamente sobre el tema de la inmigración, que la extrema derecha lo ha utilizado como un arma política y que algunos partidos para contrarrestar este avance se están alineando con ciertas posiciones similares", ha argumentado.
Finalmente, ha recordado que el hecho de que la norma haya sido aprobada no blinda su legalidad y ha advertido de que corresponderá en última instancia a los tribunales europeos determinar si estos centros cumplen con la Carta de Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.