MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo socialista en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Cambio Climático, Fernando Moraleda, ha presentado un conjunto de 99 recomendaciones que planteará este miércoles a dicha comisión, acordadas por su grupo parlamentario en esta materia, entre las que se incluye la aprobación de una Ley de Cambio Climático que integre en los Presupuestos Generales del Estado una nueva fiscalidad que grabe el carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las recomendaciones realizadas por el grupo parlamentario socialista se refieren a economía sostenible; seguridad; energía e industria; movilidad; urbanismo y vivienda; comercio; medio rural; medio forestal; tratamiento de residuos; e investigación, desarrollo e innovación.
Además, dentro de este plan que ha calificado de "ambicioso en los compromisos de emisiones", ha añadido que en el documento pide el 100 por cien de reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050 para el sector energético. Moraleda ha dicho que, a corto plazo, el primer paso de lograr un compromiso firme de la Unión Europea de reducir sus emisiones en un 30 por ciento en 2020 y, para ello, propone que el coste real se reparta equitativamente entre los distintos Estados miembro y entre los distintos sectores.
"Se necesita un cambio radical de entender la fiscalidad", ha apostillado el diputado socialista, que considera que "ha llegado la hora de gravar las emisiones frente a gravar las rentas del trabajo". Por eso, insta a "revisar y establecer" sistemas de fiscalidad que graven el consumo de energía y el consumo de combustibles fósiles y, concretamente, plantea la introducción de una tasa a las emisiones de CO2 y su afectación al Fondo de la Ley de Economía Sostenible, para impulsar la colaboración público-privada de inversiones verdes.
IMPUESTO A LAS ENERGÍAS "MADURAS"
Moraleda ha agregado que el documento de propuestas recoge la reflexión de expertos que han pasado por la Comisión Mixta de Cambio Climático y que han dicho que "para cumplir los objetivos de los expertos es imprescindible actuar sobre el sector eléctrico". Por ello, propone que las energías ya maduras "que tienen un beneficio muy alto" --en alusión a la nuclear y las grandes hidráulicas, sin referirse a ellas-- ayuden a financiar las energías renovables que están en proceso de optimización "de forma interna y equilibrada" con incentivos a las tecnologías de energías emergentes "más seguras, medio-ambientalmente aceptables y que permitan mayor independencia de suministro y desarrollo económico nacional".
Moraleda ha evitado concretar su 'mix energético' ideal pero ha subrayado que los expertos que han pasado por la comisión de estudio han coincidido en que para cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático es "imprescindible actuar sobre el sector eléctrico".
Al mismo tiempo, el documento estima que la Ley 29/1985 de Aguas que está en vigor sea modificada y actualizada para que se incorporen a ella las consecuencia que sobre su disponibilidad futura pueda producir los efectos del cambio climático.
POR TIERRA, MAR Y AIRE
El documento aborda también el sector transporte y el sector de la edificación y propone que sea "obligatorio" en los Planes Generales de Ordenación Urbana que se tenga que inscribir un plan de movilidad sostenible así como un plan de eficiencia energética.
En cuanto a las propuestas de transporte, figura el avance en la electrificación en el transporte ferroviario y la "necesidad" de apoyar los vehículos híbrido, híbrido enchufable y eléctrico, así como apoyar el transporte de mercancías a media distancia mediante ferrocarril y a través de las 'autopistas del mar'.
Por otro lado, recomienda que los comercios apliquen "cuanto antes" el desarrollo de la recién aprobada Ley de Residuos para que, sobre todo, los proveedores eliminen el embalaje en su totalidad si es posible y que estos sean renovables o reutilizables. Igualmente, propone al Gobierno que generalice el proyecto europeo de 'Green Commerce' (comercio verde) como fórmula para concienciar a los comerciantes en la minimización del consumo energético y los residuos medioambientales.
En materia de medio rural, plantea al Gobierno que reconozca el papel "tan importante" que representa como sumidero de CO2 desde el punto de vista de cultivos leñosos y pastizales, así como profundizar en la sensibilización y modificación de los procedimientos del sector agrario, ganadero y de pesca para fomentar que estas sean actividades sostenibles y, al mismo tiempo, impulsar las ayudas agroambientales en el marco de la nueva Política Agrícola Común de la UE (PAC), así como armonizar el etiquetado de la huella de carbono en el conjunto de los Veintisiete.
Asimismo, pide impulsar la biomasa como fuente energética de base y generadora de altas tasas de empleo rural y destacar el papel de los bosques como sumideros de carbono para lo que propone extender el Plan de plantación de árboles --previsto hasta 2012-- hasta el año 2020.
"Nuestro deseo es que estas medidas se lleven a efecto para un cambio de modelo que deseamos. Este es el modelo de economía para el futuro de España. Pero es importante que haya un consenso de Estado", ha manifestado Moraleda quien ha agregado que este martes le ha pasado el documento al resto de grupos políticos que integran la comisión y que ya ha recibido la respuesta favorable por parte de IU y de los grupos nacionalistas, pero que aún no ha recibido respuesta por parte del PP.
La comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Cambio Climático se creó al inicio de la presente legislatura y por ella han pasado un total de 69 expertos del ámbito nacional e internacional. Como resultado de este trabajo, la comisión ha elaborado un informe de cinco capítulos que incluyen los avances científicos; la negociación internacional en la lucha contra el cambio climático; la negociación en el ámbito nacional; los distintos sectores de actividad analizados y, por último, un capítulo de recomendaciones.
Moraleda considera que la lucha contra el cambio climático no es posible sin una "estrechísima" cooperación institucional, no solo de las administraciones locales y autonómicas sino también del Gobierno en base al principio de "corresponsabilidad institucional" pero también que es "imprescindible" la corresponsabilidad de los ciudadanos que exige una "amplia concertación social y una respuesta colectiva".