MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fundación del Toro de Lidia ha distribuido entre la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España, otras federaciones y el conjunto de asociados y simpatizantes un compendio de actuaciones jurídicas para proteger la tauromaquia y denunciar los posibles ataques que pueda sufrir el toreo.
Se trata de un prontuorio de propuestas jurídico-administrativas, penales y civiles en defensa de la tauromaquia, que han sido elaboradas por un bufete de abogados, con el objetivo de asesorar y defender a cuantos profesionales y aficionados "se sientan atacados o consideren vulnerados sus derechos".
"El ordenamiento jurídico español reconoce la tauromaquia como patrimonio cultural, y establece para los espectáculos taurinos un régimen de fomento, divulgación y protección que obliga a los poderes públicos. Las propias instituciones públicas autonómicas y locales, así como particulares y asociaciones privadas que vulneren ese marco legal, pueden ser denunciados", denuncia la Fundación Toro de Lidia.
DENUNCIAR "CONDUCTAS PERTURBADORAS"
Así, propone denunciar en lo sucesivo aquellas "conductas perturbadoras" del inicio y el desarrollo de espectáculos taurinos, bien por ilícito penal, bien por infracción administrativa.
"El informe advierte de que manifestaciones y comportamientos hostiles que profesionales y aficionados vienen sufriendo pueden ser constitutivos de amenazas, coacciones, injurias y calumnias, y que interpondrá acciones de responsabilidad civil solidaria contra medios de comunicación e instituciones que dañen el honor de los profesionales taurinos", sostiene.
Asimismo, este documento defiende que las declaraciones de ciudades antitaurinas pueden impugnarse en la jurisdicción contencioso-administrativa.
A su vez, recuerda que se puede actuar frente a proposiones de ley autonómicas o proyectos de ley "que pretendan impedir o prohibir espectáculos taurinos", así como iniciativas contra las que pueden interponerse recursos de inconstitucionalidad por invasión de competencias exclusivas del Estado.
Además, subraya que las proposiciones no de ley de Parlamentos autonómicos carecen de efectos jurídicos vinculantes, al tratarse de una "mera figura de impulso jurídico".
Igualmente, destaca que caben acciones penales contra organizaciones e instituciones que financian hechos delictivos antitaurinos, sean autores, instrumentos, inductores o cooperadores. "La financiación o apoyo económico podrían suponer agravantes para los ejecutores materiales, a la luz del apartado tercero del artículo 22 del Código Penal", apostilla el prontuario.
Finalmente, el documento advierte de que las intromisiones al derecho al honor y "al buen nombre" de profesionales y aficionados y sus familias son "derechos constitucionales esenciales", y las intromisiones en ellos pueden denunciarse por vía civil o penal.
