MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha acusado este miércoles a las empresas mineras chinas de estar contribuyendo a que se produzcan abusos contra los Derechos Humanos en las regiones que operan en la República Democrática del Congo (RDC), en especial en la provincia de Katanga (sur).
En el informe 'Beneficios y pérdidas: Minas y Derechos Humanos en Katanga', la organización analiza el impacto de la industria minera en el sureste de la República Democrática del Congo, donde, según Amnistía, se producen graves abusos por parte de empresas locales y extranjeras, incluidos desalojos forzosos -que son ilegales según el Derecho Internacional- y condiciones laborales de riesgo y explotación.
El informe resalta la actuación de las empresas chinas, que exportan grandes cantidades de cobalto y cobre de la región y cuya producción es extraída aún por los llamados "mineros artesanales", que trabajan a pequeña escala, y a menudo en condiciones laborales infrahumanas, empleando herramientas de mano.
Se prevé que las compañías chinas se conviertan en el principal agente económico extranjero del sector extractivo en la República Democrática del Congo, un país cuyas reservas de minerales están entre las más importantes del mundo.
La directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, Audrey Gaughran, ha asegurado que "a causa de las operaciones mineras, en la RDC se cometen abusos contra los mineros artesanales y las comunidades vecinas desde hace décadas".
"Las autoridades de la RDC no sólo no han impedido que empresas y comerciantes del sector minero abusen de derechos, sino que ellas mismas han cometido violaciones de Derechos Humanos para facilitar operaciones extractivas", ha denunciado Gaughran.
Según ha informado Amnistía Internacional, varias de las empresas mencionadas en el informe han intentado eximirse de toda responsabilidad señalando la implicación de las autoridades en los abusos.
"El hecho de que las autoridades congoleñas no protejan los derechos humanos no permite que las propias empresas se responsabilicen de sus actos y omisiones. Resulta escandaloso que algunas empresas señalen la participación policial para intentar legitimar su propia contribución a la comisión de violaciones de derechos humanos", ha criticado Gaughran al respecto.
