Amnistía condena los atentados de ETA y pide que se investiguen las denuncias por torturas a inmigrantes en España

Reuters

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) condenó los atentados de la banda terrorista ETA, que a lo largo de 2008 llevó a cabo "una campaña de hostigamientos en el País Vasco" y asesinó a cuatro personas. Asimismo, con motivo de la presentación del Informe de 2009 sobre el estado de los Derechos Humanos en el Mundo, pidió que se investiguen de forma "exhaustiva e independiente" las denuncias sobre torturas y otros malos tratos por parte de "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" registradas en España, fundamentalmente contra población inmigrante.

"Amnistía Internacional reitera su condena de los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por ETA, que el año pasado llevó a cabo una campaña de hostigamiento contra representantes políticos y periodistas en el País Vasco", declaró la presidenta de la sección española de AI, Itziar Ruiz-Giménez.

Según el informe anual, ETA fue responsable en 2008 de la muerte de cuatro personas y de numerosos atentados con bomba. "Dos militares murieron en sendos atentados con bomba, cuya autoría reivindicó ETA, contra un cuartel de la Guardia Civil en mayo y contra una academia del Ejército en septiembre", se lee en el informe. Asimismo, el 7 de marzo, dos días antes de las elecciones generales, fue asesinado el ex concejal socialista Isaías Carrasco "en un atentado reivindicado por ETA".

Por último, Ignacio Uría Mendizábal, copropietario de una de las empresas de construcción que trabajan en la ruta del tren de alta velocidad que conectará el País Vasco con Madrid, fue asesinado el 3 de diciembre en un atentado reivindicado por la organización terrorista. El informe recuerda también que el 2 de abril, el diario 'Gara' publicó amenazas de ETA contra miembros del PSOE, del PNV y de la red pública EiTB, prosiguió.

Por otra parte, el informe asegura que en 2008 "se recibieron numerosos informes" de torturas y malos tratos "atribuidos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". Por ello, indicó Ruiz-Giménez, es "necesario que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e independientes" sobre estas denuncias.

Entre otros, el informe de AI relata los casos del nigeriano Osamuyia Akpitaye, fallecido en 2007 durante su intento de expulsión de España. También recuerda las denuncias de malos tratos a detenidos en la comisaría de la Policía autonómica catalana en Les Corts, en Barcelona, y lamenta la falta de investigaciones penales sobre la muerte, en enero de 2006, de Mohammed Fahsi durante su reclusión en régimen de incomunicación.

"El Tribunal Constitucional reiteró la necesidad de llevar a cabo investigaciones efectivas y exhaustivas sobre estas denuncias", recuerda AI. Asimismo, "el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresó su preocupación ante la persistencia de las denuncias de tortura y otros malos tratos", unas denuncias que no dieron lugar "sistemáticamente a investigaciones independientes, prontas y exhaustivas".

Asimismo, el informe de AI denuncia la extradición de dos personas a sus países de origen a pesar del riesgo de sufrir tortura, malos tratos y detención arbitraria. Según Ruiz-Giménez, en 2008 fueron 27 los países del mundo que "violaron el principio de no devolución, entre ellos España".

Los dos casos registrados el año pasado en España corresponden al sirio Basel Ghalyoun, devuelto a su país el 22 de julio de 2008 y a quien el Tribunal Supremo había absuelto cinco días antes de su implicación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y al checheno Murad Gasayev, extraditado el 21 de diciembre después de que la Audiencia Nacional aceptase las "garantías diplomáticas" ofrecidas por la Fiscalía rusa de que podría ser visitado en la cárcel por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. El Consejo había advertido previamente de que no aceptaría esa responsabilidad y expresase sus dudas sobre las "garantías diplomáticas".

Amnistía recuerda también que tanto el relator especial de la ONU para la protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo como el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresaron su preocupación por la definición de terrorismo en algunos artículos del Código Penal español, que podría "incluir actos que no deberían englobarse en esta categoría". Ambos organismos también requirieron la abolición de las leyes que permiten la detención en régimen de incomunicación de las personas acusadas de terrorismo.

La organización valora positivamente la decisión del Gobierno de anunciar que se instalarán cámaras de vídeo en los calabozos de la Audiencia Nacional donde se recluye a los detenidos en régimen de incomunicación, una "medida precautoria contra la tortura y otros malos tratos". No obstante, lamenta, su uso no es obligatorio y debe "ser solicitado por el juez instructor en cada caso".

El informe destaca también la investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntos vuelos fletados por la CIA para "entregas extraordinarias" y sobre aviones militares estadounidenses que "hicieron escala en aeropuertos militares españoles o atravesaron el espacio aéreo español".

INMIGRANTES, SOLICITANTES DE ASILO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Amnistía --que envió dos delegaciones a España a lo largo de 2008, la primera en junio y la segunda en octubre-- lamenta también que "numerosos" emigrantes y solicitantes de asilo siguen "arriesgando sus vidas al intentar llegar a España", sufriendo en el camino "los abusos de redes criminales y de las fuerzas de seguridad".

Asimismo, advierte de que los acuerdos de readmisión firmados entre España y numerosos países del norte y oeste de África "no incluían garantías adecuadas en materia de Derechos Humanos" y afirma que la "intensa presión ejercica por España y otros países de la UE para impedir la migración ilegal" podría ser la causa de "detenciones y expulsiones masivas de posibles migrantes irregulares en Mauritania".

Otro aspecto destacado en el informe es el de la violencia de género. "Tres años después de la promulgación de una ley" al respecto, las mujeres que habían sido víctimas de abusos han seguido "encontrando obstáculos para obtener asistencia médica y acceder a la Justicia en algunas partes de España", una situación especialmente grave en el caso de "las mujeres migrantes en situación irregular". "En 2008, según datos del Gobienro, 70 mujeres a manos de su pareja o ex pareja, 34 de las cuales eran de nacionalidad extranjera", afirma el informe.

Según AI, a lo largo de 2008 siguieron "denunciándose ataques racistas cometidos por personas a título individual", así como "casos de tortura y otros malos tratos con un componente racista a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". El informe recuerda que, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "España era uno de los tan sólo cinco Estados miembros que no publicaban datos oficiales sobre las denuncias y procedimientos penales relacionados con delitos racistas".

Por último, el informe lamenta que, al concluir el año pasado, aún no se habían desarrollado protocolos de procedimiento y el proceso de localización de fosas, tal como "exigía la Ley de Memoria Histórica". También recuerda la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, sobre 114.266 desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco y que la Fiscalía recurrió la apertura del proceso amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 y argumentando que los delitos habían prescrito. El 2 de diciembre, la Audiencia Nacional se declaró no competente para investigar estos crímenes, por lo que el juez remitió estos casos y otros de sustracciones ilegales de 30.960 niños a varios juzgados territoriales.

-. Firma: EDU/RRG .-