(Esta noticia sustituye a la anterior por error el en primer párrafo. Disculpen las molestias)
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) denunció hoy que las redadas policiales masivas contra inmigrantes "atentan contra la Constitución" y celebró que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, haya rectificado la orden que imponía cupos de detención de extranjeros.
Según explica la institución en un comunicado, "las redadas policiales masivas, la 'caza' del migrante en locutorios, filas del paro, transportes y demás, en busca de personas migrantes en situación administrativa irregular con el objetivo de cumplir unas determinadas cuotas policiales de detención no resultan conformes con la Constitución".
Para la Abogacía, "actuaciones como la ahora denunciada criminalizan a las personas por la mera situación de irregularidad administrativa, convirtiendo al inmigrante en sujeto acosado y abocado a una no deseable clandestinización".
El CGAE aclara asimismo que la Ley de Extranjería no contempla la detención anterior al inicio de un procedimiento de expulsión e impone que sólo procede detener al sujeto como medida cautelar, una vez incoado el expediente y con las formalidades y requisitos previstos.
En este sentido, recuerda el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España, según el cual "toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad" y que sólo prevé la privación de libertad, cuando se trate de la detención preventiva o del internamiento de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o que vaya a ser expulsada del mismo.
Por eso, la Subcomisión de Extranjería del CGAE argumenta que si estas redadas pretenden la expulsión de extranjeros en situación irregular, se puede producir una expulsión masiva, lo que está prohibido por las normas internacionales.
"El Estado tiene la obligación de garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de todas las personas dependientes de su jurisdicción, por tanto, también de las personas migrantes que se encuentren en territorio español, sea cual fuere su estatus migratorio, regular o irregular", señala la Abogacía, quien exige a las autoridades "el máximo celo" con los Derechos Humanos.
