Detecta una "falla grave" en la protección de los menores extranjeros, que son en ocasiones tratados como adultos.
MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, considera que sería un "error" convertir el fenómeno de los 'cayucos' en el eje de la política de inmigración. Así lo pone de manifiesto en la Memoria de la Institución correspondiente a 2006, en la que reconoce que la llegada de inmigrantes irregulares ha Canarias, como en años anteriores, se convirtió en el principal foco de atención.
"Es necesario atender a otras muchas realidades que poco o nada tienen que ver con quienes, arriesgando su vida, luchan por alcanzar las costas de Canarias o de otros puntos del territorio nacional", añade. Respecto a Canarias, añade que los datos remitidos a la Institución sobre las instalaciones del archipiélago para atender y acoger a los inmigrantes permiten apreciar que, como ha ocurrido ya en otras ocasiones, lo que se concibió como solución provisional tiende a hacerse permanente. Por ello, insiste en la necesidad de afrontar, ante el aumento de la llegada de cayucos, visión, al menos, a medio plazo.
En todo caso, recuerda que a finales de 2006, los registros oficiales señalan que los extranjeros con tarjeta o autorización de residencia superan ligeramente los tres millones de personas. A esta cifra debe unírsele, según comenta, el número, "incierto pero importante", de los que permanecen en la irregularidad (aun cuando tampoco pueda verse esta irregularidad como un concepto carente de matices).
El Defensor también se preocupa por los inmigrantes recogidos por pesqueros en alta mar, y hace referencia al rescate de 51 inmigrantes por parte del barco 'Francisco y Catalina', en julio de 2006, para el que tuvo que mediar ante el Ombusman de Malta al objeto de que el país mediterráneo permitiera desembarcar a estas personas en la isla. Precisamente, otro pesquero español se dirige en estos momentos hacia España tras rescatar a 26 inmigrantes en aguas de libia, que no han sido acogidos tampoco por Malta.
Otra de las dimensiones de los flujos irregulares mencionados en el Informe son los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, por los que en 2005 multitud de subsaharianos intentaron entrar en España. En este sentido, informa de que en Melilla la Secretaría de Estado de Seguridad ha dado instrucciones para que los ciudadanos sorprendidos en frontera o en sus inmediaciones, mientras pretenden acceder irregularmente a territorio español, sean sometidos al procedimiento de devolución, en lugar de ser trasladados directamente a territorio marroquí sin trámite alguno.
Además, Múgica se preocupa por el nuevo dispositivo de control implantado en el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma. En concreto, desea comprobar si el sistema de seguridad preserva la integridad física de las personas que puedan quedar trabadas en él. Al mismo tiempo, esta ha solicitado conocer los procedimientos operativos previstos respecto de las personas que se vean atrapadas en esta sirga y, en concreto, si existen instrucciones para proceder a su detención y puesta a disposición de los servicios del Cuerpo Nacional de Policía al objeto de incoarles procedimientos de devolución.
MENORES EXTRANJEROS.
Respecto a los menores extranjeros no acompañados, el Defensor ha constatado que de los llegados a la islas Canarias algunos han sido tratados como adultos, abriéndoseles un expediente de expulsión para posteriormente ser internados y una vez transcurrido el plazo de 40 días sin poder ser repatriados, ser trasladados a Madrid.
"Resultó evidente que no existe un procedimiento claro para la realización de pruebas a aquellas personas sobre cuya edad quepan dudas, otorgándole un valor fundamental a las manifestaciones de los propios interesados, sin advertir que éstas pueden estar muyfácilmente mediatizadas por diversas circunstancias --comenta--. La situación descrita revela una falla del sistema de protección de menores que debe considerarse grave, por sí misma y por las consecuencias que tiene para la documentación e integración de estos menores en nuestra sociedad".
Por ello, recomendó a la Delegación del Gobierno en Canarias que sensibilice a los agentes encargados de llevar a cabo estas tareas o, mejor aún, que el encargado de realizar las pruebas de edad sea el fiscal. Al mismo tiempo, solicita que se les facilite asistencia letrada independiente y que se eliminen de los registros policiales las resoluciones de expulsión o devolución dictadas cuando se establezca la minoría de edad de los interesados.
Para completar el alcance de esta recomendación se ha trasladado la investigación al Consejo General del Poder Judicial al considerar que un adecuado control por parte de las autoridades que autorizan el internamiento de extranjero evitaría estos errores. En materia de menores, Múgica también critica que se aplique de forma apriorística la reagrupación en el país de origen y recuerda que debe atenderse al interés superior del menor.
