CÓRDOBA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministerio público pide que se condene a un año de prisión, a razón de seis meses en cada caso, para el matrimonio de etnia gitana formado por el varón M.H.C., de 40 años, y la mujer D.F.C., de 37 años, por la presunta comisión de un delito de abandono de menores, ya que no llevaron o no permitieron la asistencia a clase a sus cuatro hijos menores.
Según la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al curso académico 2003/2004, durante el cual la hija mayor de los acusados, que entonces contaba 13 años, faltó de forma injustificada a clase en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Mario López de Bujalance (Córdoba) un total de 130 días, situación que se repitió en los dos siguientes cursos, con ausencias injustificadas en días lectivos a clase en el IES bujalanceño durante 94 y 129 días, respectivamente.
Precisamente, también estos dos últimos cursos, los de 2004/2005 y 2005/2006, fueron en los que igualmente faltó a clase en el mismo IES otro hijo del matrimonio de acusados, que, cuando tenía 13 años, sumó un total de 67 y 44 días lectivos, respectivamente, en los que no acudió a clase.
Por último, los dos hijos mejores de los acusados y también en esos dos mismos cursos, pero en este caso matriculados en el Colegio Público Inmaculada del Voto de Bujalance, acumularon un total de 76 días de ausencias injustificadas, en el caso de una niña que entonces contaba con nueve, sumando casi los mismos días de faltas sin justificar a clase el hijo menor del matrimonio.
En relación a todo ello, los acusados, según la calificación del fiscal, "sabedores de que las respectivas edades de sus hijos comportaban su obligatoria escolarización y asistencia regular a clase, y de que su obligación como padres era proporcionársela y compeler a los menores a ella, adoptaron una actitud de total pasividad y despreocupación".
De hecho, resultaron "infructuosas cuantas gestiones se realizaron desde diferentes instancias con competencias educativas y sociales", como la Dirección del IES, el Equipo de Orientación Educativa de la zona, los Servicios Sociales y la Unidad de Menores de la Policía Autonómica. "De nada --resaltó el fiscal-- sirvió tampoco la intervención del mediador de la comunidad gitana, que llegó a acuerdos con los acusados para que sus hijos asistieran a clase, incumpliéndolos después".
Los hechos, según la fiscalía, son constitutivos de un delito de abandono de menores, en relación con el deber de educar y proporcionar una formación integral que conlleva la patria potestad, de modo que, al no concurrir "circunstancias modificativas de la responsabilidad penal", procede "imponer a cada acusado la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por idéntico periodo".
