Actualizado 02/08/2010 20:32

Reino Unido prohíbe publicar ofertas de trabajo sexual en sus oficinas de empleo


LONDRES, 2 Ago. (Reuters/EP) -

Los empresarios que quieran reclutar bailarines para clubes de alterne, strippers, protagonistas de videochats eróticos y trabajadores similares ya no podrán publicar sus ofertas de trabajo en las oficinas de empleo públicas ('Jobcentres'), anunció este lunes el Gobierno británico.

La prohibición de estos anuncios busca proteger a los solicitantes de empleo vulnerables y ansiosos por volver a trabajar del sentimiento de que tienen que considerar trabajos con los que no se sienten cómodos, explicó en un comunicado el ministro de Trabajo, Chris Grayling.

"Es absolutamente incorrecto que el Gobierno anuncie trabajos que pueden alimentar la explotación de las personas. Hoy hemos tomado medidas inmediatas para evitar que ciertas vacantes de entretenimiento para adultos sean anunciadas a través de 'Jobcentre Plus'", declaró.

"No deberíamos poner a las personas vulnerables en un contexto donde están expuestas a este tipo de trabajos y podrían sentirse presionadas a trabajar en la industria del sexo", añadió.

El comunicado precisa que los 'Jobcentres', financiados por los contribuyentes, no anunciarán a partir de ahora ofertas de trabajo para actividades "que impliquen la estimulación sexual directa de otros", porque el dinero público no debe ser un conducto hacia esas actividades.

No obstante, los 'Jobcentres' seguirán difundiendo otro tipo de ofertas de empleo en el sector del entretenimiento para adultos, como las vacantes de personal de limpieza en los clubes de alterne.

Hasta 2003, los 'Jobcentres' tenían la política de rechazar todas las ofertas de la industria del sexo, pero esta cambió después de que Ann Summers, una cadena de tiendas eróticas y de lencería, consiguiera que el Tribunal Supremo le diera la razón en que la prohibición era injusta.

El cambio de política anunciado este lunes es una medida provisional. El ministro dijo que el Gobierno presentará una ley al Parlamento para establecer la prohibición en los estatutos.