MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora ONGD-España (CONGD) hizo un llamamiento al Ejecutivo para que "inste al reconocimiento internacional del derecho humano al agua, implicándose en el desarrollo de instituciones eficientes y transparentes para responder a los problemas de las aguas transfronterizas", con motivo de la celebración el próximo domingo del Día Mundial del Agua.
Así, señaló que "España tiene ocasión hasta este domingo de mostrar su voluntad política en esta materia en el V Foro Mundial del Agua que este año acoge Turquía". "Es necesario que el Gobierno cumpla sus compromisos internacionales relacionados con el acceso al agua y saneamiento, en especial los derivados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio", remarcó.
España y otros 188 jefes de Estado y Gobierno, se comprometieron en el año 2000 a reducir a la mitad en quince años el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a saneamiento. "A seis años de que expire el plazo, se está lejos de lograrlo", valoró la CONGD.
Por otro lado, recordó que cerca de mil millones de personas carecen de agua segura y casi la mitad de la población del mundo vive sin saneamiento básico, cuando "el acceso al agua es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas".
Por ello, para la coordinadora, "es evidente que la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para atajar este problema que afecta especialmente a mujeres y niñas de las zonas rurales".
En este sentido recuerdan que este año Naciones Unidas propone para el Día Mundial del Agua llamar la atención sobre los recursos hídricos transfronterizos, es decir, los que por encima o debajo de la superficie atraviesan dos o más estados; una situación que viven 145 países, afectando a cerca del 90% de la población mundial.
"Se trata de una realidad compleja cuya gestión debe contar con la voluntad política suficiente para abordarse desde la cooperación y la participación de todos los agentes interesados: estados, organizaciones internacionales, organismos especializados, usuarios y sociedad civil", explica la coordinadora, que además advierte de que "una mala gestión de un recurso tan estratégico puede derivar en conflictos violentos".