MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que, gracias a la estrategia de seguridad y salud laboral, ratificada en el Consejo de Ministros, España "podrá ganar el combate contra la siniestralidad laboral".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Caldera insistió en que, a través de esta iniciativa, los accidentes laborales se reducirán "al menos" un 25% en cinco años.
El titular de Trabajo aseguró que, aunque se está consiguiendo reducir el volumen de siniestros en el trabajo, especialmente en el caso de los accidentes mortales, su número aún sigue siendo elevado, por lo que deben intensificarse las políticas contra la siniestralidad.
Eso es, dijo, lo que hace la estrategia española de seguridad y salud laboral 2007-2012, que incluye más de 100 líneas de actuación y ocho grandes objetivos y que es fruto del consenso entre Gobierno, agentes sociales y comunidades autónomas.
Caldera, que afirmó que es la primera vez que se pone en marcha una estrategia "tan ambiciosa", desgranó algunas de las medidas contenidas en la misma.
Así, recordó, se incrementarán los efectivos de la Inspección de Trabajo y establecerá un sistema de 'bonus-malus', por el que las empresas que cumplan la normativa en prevención de riesgos y tengan menor índice de siniestralidad pagarán menos cotizaciones sociales.
La estrategia incluye un 'Plan Renove' para evitar, según Caldera, que los accidentes de trabajo tengan como origen el uso de maquinaria antigua y obsoleta, así como ayudas para las empresas que tengan recursos preventivos propios.
Otras medidas de la estrategia pasan por intensificar la colaboración con la Fiscalía de Siniestralidad y con las autoridades laborales autonómicas, y por atender especialmente riesgos psicosociales asociados a la movilidad (accidentes 'in itinere' y en misión).
EMPRESAS DE INSERCIÓN.
En relación al proyecto de ley para regular las empresas de inserción, Caldera señaló que se ha pedido su tramitación urgente dado el amplio consenso que, aseguró, existe en torno a esta norma.
Además, justificó la regulación de estas empresas ante los "elevados costes", especialmente "humanos", que supone la exclusión de determinados colectivos para el sistema social.
Caldera precisó que las empresas de inserción recibirán un "trato favorable" por parte de los poderes públicos por desarrollar una tareas de "alto interés social".
Los "potenciales usuarios" de esta ley, entre los que se encuentran discapacitados, inmigrantes retornados, desempleados de larga duración o mujeres víctimas de violencia de género, tendrán itinerarios personalizados de inserción, e incluso podrán ausentarse del trabajo sin perder la remuneración cuando estén asistiendo a programas de rehabilitación.
Asimismo, no podrán ser despedidos por falta de asistencia, puntualidad o por falta de rendimiento motivada por su situación física o psicológica, enfatizó Caldera.
