RSC.- Denuncian la privatizacion del agua por parte de las transnacionales en México que afecta ya a seis ciudades

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos y analistas denuncian en México la privatización del agua por parte de transnacionales, que ya alcanza a seis ciudades, incluida la capital, bajo el Programa para la Modernización de los Prestadores de Servicios de Agua y Alcantarillado (Promagua), que consiste en condonar la deuda de los municipios, administrados por el Gobierno Federal.

Las primeras concesiones se otorgaron en 1993 a la empresa francesa Suez --que operaba con el nombre de Ondeo-- a Grupo Peñoles y a Vivendi-ICA, durante el Gobierno de Carlos Salinas. Dos años más tarde se creó el fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura, para apoyar proyectos relacionados con obras y saneamiento del agua, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo. Ahora, con el mandato de Vicente Fox parece que se está consolidando el proceso de privatización.

El objetivo de Promagua era que los ayuntamientos regularicen sus pagos, que serían devueltos por la federación para financiar obras de infraestructura hidráulica, según explica Alejandra Peña García, experta en la materia, al diario 'La Jornada'.

Se trata de una iniciativa que ha abierto el mercado a la participación privada, a la vez que por otro lado el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas, ha emprendido una campaña para que los municipios incrementen las tarifas de agua potable a los usuarios.

Otra de las medidas dentro del esquema de privatización es que las presas construidas a partir de 2004 que alimentarán los sistemas de riego más importantes del país también serán privadas, y los pozos serán controlados por particulares, incluidos los ubicados en los acuíferos mayores.

Según un estudio del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop), "tanto la privatización de las presas como la de los acuíferos conforman el punto de partida de la privatización del mercado rural del agua".

La ciudad de Aguascalientes, de unos 700.000 habitantes, ha sido la primera que cedió a una empresa privada sus servicios de extracción, distribución y saneamiento. No hubo ningún proceso de licitación y en 1995 Vivendi-ICA consiguió la concesión por 30 años después de que así lo decidiera el Gobierno priísta de la ciudad con el argumento de la falta de recursos para subsidiar el recurso y la necesidad de elevar la eficiencia, la cobertura y la calidad.

En 1996, el descontento de los ciudadanos hizo del tema una cuestión política que terminó con la derrota del PRI en las elecciones frente al PAN. Continuaron las quejas sobre la calidad del servicio de la empresa en la reparación de tuberías o alcantarillados pero la empresa no prestó atención a la demanda ciudadana y en 2001 aumentó las tarifas en un 4% anual.

En cuanto al Distrito Federal, la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios de agua portable y alcantarillado comenzó en 1993. El objetivo era evitar la creación de un monopolio y garantizar el éxito de la iniciativa privada en el ramo así que se dividió la entidad en cuatro regiones administrativas y cada una cedía la administración del servicio a distintas empresas.

De acuerdo con el contrato, el Gobierno del DF vendería el agua "en bloque" a la empresa privada, que se encargaría de administrarla y comercializarla, etapa en la que según la experta "ya sería privatización del servicio bajo un esquema similar al de la concesión".

"El Distrito Federal es un caso ilustrativo de un esquema en el que se contrata una empresa privada para la prestación de ciertos servicios, pero el manejo legal y la responsabilidad de abastecer a la población sigue en manos del gobierno", concluyó Peña García.