RSC.-La industria cementera española apuesta por el reciclaje de residuos en su producción

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La industria cementera española apostó hoy por el reciclaje y la valoración de los residuos como una herramienta válida para reducir el consumo de materias primas y disminuir las emisiones de dióxido de carbono en su proceso productivo, en la presentación de un estudio en Barcelona de la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Cema).

Las fábricas de cemento pueden reutilizar residuos, como restos de altos hornos y harinas cárnicas, entre otros 74 tipos de residuos válidos, y de hecho es el sector que más recicla productos minerales procedentes de otros sectores industriales. Concretamente, durante 2006 se emplearon casi 6 millones de toneladas de materias primas alternativas, medio millón más que dos años antes.

El director de la Oficina Catalana del Cambio Climático, Josep Garriga, señaló durante su intervención que la valorización de los recursos permite "ahorrar petróleo", un producto "finito y caro".

La evolución española en este sector es positiva, ya que en 2004 las cementeras españolas reutilizaron 181.904 toneladas de residuos como combustibles, lo que representó una substitución energética del 2,8 por ciento respecto al consumo total de combustibles en las cementeras españolas. En 2006 estas cifras ascendieron hasta las 298.148 toneladas y una sustitución del 4,2 por ciento.

Aún así, en el conjunto de Europa se utilizaron siete millones de toneladas, y la sustitución energética en el consumo total de combustibles asciende hasta el 83 por ciento en Holanda, el 49 por ciento en Alemania, y el 46 por ciento en Austria, cifras todavía muy alejadas de España.

De las 37 fábricas integrales en funcionamiento que hay en el país, 28 están autorizadas para valorizar los residuos energéticamente. En el caso de la biomasa, su utilización evitó la emisión de 278.217 toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones de 92.000 coches en un año.

Garriga recordó que Europa prevé la reducción del 20 por ciento de las emisiones de CO2 derivadas de la industria cementera antes de 2020, y que los países tendrán que adecuarse a cuotas de emisión que si superan implicarán una penalización económica.