El informe Volcker revela unos pagos al régimen de Sadam de 1.800 millones de dólares procedentes de importantes empresas
NUEVA YORK, 28 Oct. (del corresponsal de EUROPA PRESS Carlos López) -
Alrededor de 2.000 empresas, casi la mitad de las que formaban parte del programa 'Petróleo por Alimentos' pagaron al régimen de Sadam Husein durante el embargo impuesto a Irak alrededor de 1.800 millones de dólares, según el informe publicado hoy por el Comité de Investigación Independiente, encargado de determinar las irregularidades que rodearon al programa.
Paul Volcker, encargado de dirigir la investigación, apuntó la responsabilidad del fallo en el programa a la falta de "diligencia" en la gestión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de sus agencias, lo que animó al ex presidente de la Reserva Federal estadounidense a reclamar un fortalecimiento de los puestos ejecutivos en la ONU reformas a nivel administrativo y mejores controles y auditorías.
En un tomo de más de seiscientas páginas, el informe revela los entresijos de la trama de enriquecimiento ilícito y pago de sobornos al régimen de Sadam a través de dos fórmulas que el dictador utilizó en su favor imponiendo un recargo en las concesiones de petróleo y exigiendo a los contratistas de ayuda humanitaria el pago de primas.
El informe de Volcker ataca al Secretariado y al Consejo de Seguridad por no haber actuado con rapidez cuando fueron alertados de las primeras reclamaciones ilícitas de pagos realizadas por el régimen de Sadam, pero también a las misiones permanentes ante Naciones Unidas que no tomaron acciones al aprobar los negocios de sus compañías nacionales con el programa.
EMPRESAS INVOLUCRADAS
Las empresas involucradas en el negocio que supuso el programa 'Petróleo por Alimentos', tanto en la gestión como en la compra de petróleo o la venta de productos humanitarios al pueblo iraquí, son de toda nacionalidad y entre ellas destacan DaimlerChrysler, Siemens, la rusa Lukoil, Gazprom o Daewoo entre otras.
El banco francés BNP Paribas, elegido por la ONU como la entidad financiera encargada de manejar los pagos realizados en el marco del programa "falló" a la hora de poner en marcha un sistema que revelara los flujos de capital que el informe de Volcker ha revelado fueron gran parte del problema de corrupción subyacente al programa.
La compañía sueca Volvo Group, que vendió durante el periodo del programa alrededor de 11.800 millones de dólares al régimen de Irak, pagó 317.336 dólares al régimen iraquí en concepto de primas postventa. En el caso de la eléctrica Siemens, el informe señala que la compañía --a través de sus tres filiales-- pagaron sobornos por valor de 1.600 millones de dólares.
RESPONSABILIDADES
Desde la ONU, el secretario general de la Organización, Kofi Annan, manifestó la necesidad de que las autoridades nacionales tomaran las medidas necesarias para prevenir actuaciones como las reveladas en el informe Volcker y pidió que en el futuro tomen medidas apropiadas contra las compañías dentro de su jurisdicción.
Annan recordó además hoy, a través de un comunicado, que el informe subraya la necesidad de llevar a cabo reformas en el organismo internacional sobre todo en lo que se refiere a la gestión de la ONU en materia de supervisión, transparencia y responsabilidad, algo que el secretario general calificó de cambios "vitales".
Por su parte, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, John R. Bolton, subrayó que la capacidad de Sadam para "manipular" el programa contó con la colaboración de oficiales de Naciones Unidas, la aquiescencia de algunos estados miembros y la voluntad de compañías e individuos de pagar sobornos al régimen iraquí.
Bolton destacó que la investigación sobre el programa 'Petróleo por Alimentos' continúa en el Congreso norteamericano y pidió a la ONU y al Comité de Investigación Independiente su colaboración. Asimismo, subrayó que el informe revela la necesidad de cambiar "urgentemente" la gestión de la ONU y modificar para hacer más efectivo el sistema de sanciones.
El embajador pidió a los países con empresas implicadas perseguir legalmente a las compañías implicadas, como ya ha hecho Estados Unidos. "Es el deber de la autoridad legal en todos los países perseguir a las personas y compañías involucradas", señaló Bolton, esta es la mejor forma de "evitar futuras complicidades corruptas".