El retorno imposible de los refugiados rohingyas a Birmania

Niños refugiados rohingya en Bangladesh
UNICEF/ BRIAN SOKOL 
Actualizado 27/08/2018 9:07:44 CET

La ONU y las organizaciones de DDHH advierten de que no se dan las condiciones para el retorno voluntario y seguro

En Rajine hay otros 600.000 rohingyas en una situación igualmente dramática

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Volver a Birmania es el principal anhelo de los más de 700.000 rohingyas que tuvieron que buscar refugio en el último año en el vecino Bangladesh tras la ola de represión lanzada por las fuerzas de seguridad contra los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA), sin embargo, es un deseo que parece poco probable que se cumpla en un futuro próximo.

Pese al acuerdo alcanzado en noviembre entre los gobiernos de Birmania y Bangladesh para el retorno de los refugiados al estado de Rajine, en el que esta minoría musulmana a la que se niega la nacionalidad birmana vivía, y al respaldo que la ONU se ha comprometido a dar al proceso, los regresos aún no han comenzado.

El Gobierno birmano ha venido arrastrando los pies en todo este asunto y la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, al frente del mismo, ha echado balones fuera esta misma semana, afirmando que ya se han identificado los espacios donde podrían reasentarse los retornados pero estos "tienen que ser enviados de vuelta por Bangladesh". "Nosotros solo podemos darles la bienvenida en la frontera", sostuvo.

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Sin embargo, tanto la ONU como las principales organizaciones de defensa de los Derechos Humanos advierten de que a día de hoy el regreso al norte de Rajine no es factible. "La ONU no cree que actualmente existan las condiciones para el retorno, sostenible y digno de los refugiados desde Bangladesh", señala a Europa Press el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Birmania, Paul Vrieze.

Esta agencia junto con el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) firmaron en junio un memorándum de entendimiento con el Gobierno birmano para ayudarle a crear las condiciones en Rajine para que los refugiados puedan regresar a sus hogares o a donde ellos elijan, además de apoyar la recuperación y el desarrollo de todas las comunidades que viven en la zona, explica el portavoz.

Sin embargo, dos meses después, aunque el Gobierno birmano ha dado "algunos pasos alentadores", sigue sin haber progresos sustanciales en lo relativo a "permitir el acceso efectivo a Rajine", de donde la mayoría de las organizaciones humanitarias se han visto obligadas a retirarse; "garantizar la libertad de movimiento de todas las comunidades y abordar las causas en la raíz de esta crisis", lamenta Vrieze.

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LOS ROHINGYAS, VÍCTIMAS DE APARTHEID

En Rajine, según Amnistía Internacional, los rohingya han sido víctimas de "un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye apartheid" y por tanto un crimen de lesa humanidad. Pese a que según esta organización en el último año se ha producido "limpieza étnica" de esta minoría, sus responsables siguen sin rendir cuentas.

La ONG publicó en junio un informe en el que identificaba a trece altos cargos militares, incluido el máximo comandante del Ejército, por su responsabilidad en los asesinatos, violaciones, torturas, inanición forzada así como los incendios de aldeas rohingyas y ha venido planteando que lo ocurrido sea llevado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). Sin embargo, no se ha hecho nada.

"Mientras sus verdugos de las fuerzas de seguridad birmanas continúen en libertad, cualquier idea de que los refugiados rohingyas pueden tener un retorno sin riesgos, digno y voluntario es ridícula", advierte la directora de respuesta de crisis de Amnistía, Tirana Hassan.

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De hecho, esta misma semana Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que se siguen cometiendo abusos. La organización ha hablado con rohingyas que han regresado a Birmania y han sido detenidos y torturados por las fuerzas de seguridad, antes de ser puestos en libertad gracias a una amnistía del presidente y exhibidos ante la prensa internacional como demostración del buen trato que se da a esta comunidad.

"La tortura de retornados rohingya expone la mentira de las promesas del Gobierno birmano de que los refugiados que regresen estarán a salvo y protegidos", defiende el subdirector para Asia de HRW, Phil Robertson. "Pese a la retórica de Birmania garantizando un retorno seguro y digno, la realidad es que los rohingya que regresan todavía se enfrentan a la persecución y los abusos que les forzaron a huir", denuncia.

EN RAJINE QUEDAN 600.000 ROHINGYAS

Pero la vida no es mejor para los alrededor de 600.000 rohingya que quedaron del lado birmano de la frontera en Rajine. Aquí, unos 130.000 viven "confinados en condiciones deplorables en campamentos desde 2012", cuando se produjo otro brote de violencia, explica a Europa Press el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Birmania, Pierre Peron.

A estos se suman otros 200.000 rohingyas, cuya suerte "pasa en gran medida olvidada", que "viven en aldeas rurales que no se vieron afectadas por la violencia del año pasado pero que se enfrentan a una creciente adversidad y privaciones como resultado de las restricciones a su libertad de movimientos".

Las medidas adoptadas por las autoridades birmanas para limitar los movimientos de los rohingya "comprometen gravemente sus derechos básicos y su acceso a la sanidad, la educación, medios de vida y otros servicios esenciales", denuncia Peron.

En muchas de estas comunidades rurales, "los niños no pueden ir a la escuela local del Estado, los agricultores no pueden acceder a sus campos, los pescadores ya no pueden pescar donde lo hacían antes, los comerciantes ven bloqueado su acceso a los mercados e incluso los enfermos tienen problemas para llegar al hospital", ilustra el portavoz de la OCHA.

SIN ACCESO DE LA ONU Y LAS ONG

Los problemas de acceso a Rajine tanto de las agencias de la ONU como de las ONG han limitado la posibilidad de ofrecer asistencia humanitaria a todas estas personas. "Nosotros no tenemos acceso a ellos, pero lo que es más importante, ellos mismo no tienen acceso a los servicios esenciales que necesitan", lamenta Peron.

"Estamos hablando de personas que son apátridas --los rohingyas son el mayor grupo de apátridas del mundo--, que no tienen libertad de movimiento, que tienen acceso limitado a servicios esenciales como la sanidad o la educación y que durante años no han tenido otra opción que depender de la asistencia humanitaria", incide el portavoz.

Sin embargo, la mayoría de las ONG que trabajaban desde hacía años en Rajine no han podido aún reanudar sus actividades tras la ola de violencia del año pasado, dejando en suspenso programas que ayudan a "personas que figuran entre las más vulnerables del mundo".

Una de las ONG que no ha podido regresar al norte de Rajine es Médicos Sin Fronteras (MSF). Aquí gestionaba cuatro clínicas de atención primaria, tres de las cuales fueron incendiadas, y proporcionaba mensualmente más de 11.000 consultas de atención médica primaria y de salud reproductiva. Además, ofrecía servicios de transporte de urgencia y asistencia para pacientes que requerían hospitalización. La ONG tiene claro que estas necesidades médicas persisten, aunque es difícil tener la "fotografía" real de la situación por la falta de acceso.

En todo caso, como defiende el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, la solución a esta situación no es solo humanitaria, sino política. "Las condiciones para el retorno requerirán no solo actividades humanitarias, sino pasos políticos efectivos hacia garantizar la libertad de movimiento, el acceso a servicios básicos, la libertad de realizar actividades económicas y acceder a los mercados en Rajine y, lo que es más importante, confianza en las disposiciones de seguridad para los retornados". "Estas cuestiones deben abordarse con un sentido real de urgencia", reclama.