La Fiscalía considera que la vigencia del estado de alarma "no constituye justificación jurídica apta y suficiente" para prohibir manifestaciones, si bien considera que en el caso de una pandemia como la actual es necesario ponderar los derechos en juego en cada convocatoria y tener en cuenta la protección de la salud ante las "numerosas incertezas que genera" el coronavirus, también valorando la evolución sanitaria y las medidas de flexibilización pautadas en el plan de desescalada.
