El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de pérdida de 10 días de empleo y sueldo impuesta en octubre de 2016 a un guardia civil destinado a labores de vigilancia en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, que dejó inservible la puerta de este órgano durante 6 días de las violentas patadas que le propinó al no poder acceder al edificio al inicio de su turno.