Antonio Casado.- El dilema de Rajoy

Publicado 03/10/2015 12:00:15CET

MADRID, 3 Oct. (OTR/PRESS) -

A Rajoy le zumban los oídos por cuenta del sambenito preferido por sus adversarios: el inmovilismo. Pero si se mueve activando a la Fiscalía frente a un caso de desobediencia por parte de tres servidores públicos, le acusan de judicializar el problema catalán, que es de carácter político, y alimentar al nacionalismo, como ha ocurrido con la reciente imputación del presidente de la Generalitat, la vicepresidenta y una consejera.

Lo curioso es que en tales acusaciones aparecen extrañamente alineados desde los socialistas de Sánchez hasta el fundador del PP, José María Aznar. Solo me faltaba leer en el diario vasco "Gara" un elogio al ex presidente por haber sido la única voz del bando constitucional que reconoce el triunfo soberanista. En estos términos: "El proceso secesionista continuará y lo hará más radicalizado, porque los radicales tienen más fuerza".

Véase como, por darle un bastonazo a Rajoy, es Aznar quien ha suministrado un poco más de oxígeno al nacionalismo. Y no es que los nacionalistas necesiten excusas para desplegar su discurso plagado de trampas saduceas y medias verdades. A veces con la inestimable colaboración de quienes están al otro lado de la barricada. Justamente quienes dicen a Rajoy que la imputación de Mas ayuda a la unidad de los separatistas. En ese punto es donde el presidente tendrá que pensar en que la no imputación de Mas hubiera ayudado a los descreídos de la igualdad ante la ley ¿Cuál de los dos males es el peor?

Se argumenta que la imputación de Mas alimenta el discurso del nacionalismo, al darle ocasión de explotar su victimismo. Pero la no imputación también lo hubiera estimulado. Las concesiones y el trato deferente siempre serán para los nacionalistas una prueba más de que la verdad está de su parte. De que su causa es la verdadera, igual que su religión del obispo de Solsona. En otras palabras, que el nacionalismo se crece con las collejas y con los mimos. Es su naturaleza. Siempre se viene arriba, tanto en los agravios como en las concesiones del enemigo común.

¿Cuál debe ser el límite de la razón política de un presidente del Gobierno de la Nación enfrentado al discurso nacionalista? La ley, por supuesto. Cumplirla y hacerla cumplir. Especialmente si se enfrenta a un chantaje. Desde la barrera, donde se sitúan los partidos que no están en el poder, es muy fácil hablar de diálogo y vías políticas frente al desafío rupturista de Mas y compañía. Lo que se plantea es la voladura de los dos pilares del Estado: la soberanía nacional y la integridad territorial ¿Qué diálogo cabe sobre ese punto de partida?

Como dijo el presidente del Gobierno en su entrevista televisada del jueves pasado en Antena 3, una cosa es el diálogo y otra cosa es hacer lo que el otro te pide bajo una amenaza de mutilación de España ¿Qué hacer, entonces? ¿Activar los resortes del Estado de Derecho ante unos supuestos claramente ilegales, a medida que se vayan transformando en actos jurídicos, o mimar al chantajista como si fuera una especie protegida?

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