Actualizado 16/07/2011 14:00

Antonio Casado.- Sopa de Faisán.

MADRID 16 Jul. (OTR/PRESS) -

Decía este jueves en la radio el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, que el caso Faisán no existiría de no haber sido él ministro del Interior entonces y candidato ahora. No le falta razón. El famoso soplo policial se ha convertido en una excusa para liquidar políticamente al principal adversario del partido de Mariano Rajoy y en absoluto semejante acoso político y mediático responde a un insobornable amor a la verdad.

Por eso, resulta poco creíble el líder del PP cuando dice que no piensa pedir la retirada de Rubalcaba de la carrera electoral ("Eso corresponde a su partido", dice) pero le reprocha no haber dicho la verdad, lo cual significa formular un juicio temerario y adelantarse al relato fáctico que pueda resultar del pronunciamiento definitivo de los tribunales.

Poco le ha importado a Rajoy que, poco antes de hacer estas declaraciones en Zaragoza, el propio Rubalcaba dijera que él no tuvo absolutamente nada que ver en el supuesto chivatazo. Y poco le importa en general al PP, cuyos dirigentes han pedido claramente la inhabilitación del ex ministro del Interior como candidato a la Presidencia del Gobierno, que la puesta en cuestión de la honorabilidad de los máximos responsables de la lucha antiterrorista ponga en riesgo la saludable sintonía oficial entre el Gobierno y el principal partido de la oposición en este campo de la acción política.

No se puede despachar el asunto como si de repente se hubieran vuelto locos, todos a la vez, un ministro, un secretario de Estado, un alto jefe policial y un inspector curtido en la lucha contra ETA. Como si hubieran decidido colaborar un rato con los terroristas para volver a perseguirlos unos días después.

Por eso no están de más todos los elementos de juicio que hacen al caso. Por un lado, que los implicados en la red de extorsión que, al parecer, habrían escapado a la acción policial por un oportuno chivatazo fueron detenidos un mes y medio después. Y por otro, que los máximos responsables de la lucha antiterrorista cuando se produjo el famoso chivatazo son los mismos que han conseguido llevar a ETA a su mayor debilidad histórica.

Me parece bien que el juez Ruz, en su auto de procesamiento del miércoles, recuerde que una conducta delictiva es una conducta perseguible al margen de la intención de los procesados. Que hablen los tribunales en cuanto a las posibles responsabilidades penales. Pero, puesto que el asunto transpira política por todos los poros, a los demás si nos toca situar lo ocurrido en relación con un contexto, el del llamado proceso de paz, y con una intención, la de poner fin de una vez por todas la historia criminal de una banda terrorista.

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