Un nuevo informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición de la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares vuelve a cuestionar el uso "indebido" del "inadecuado concepto" de las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a cargo del programa 31L y discrepa de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
