MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El abogado de los padres del menor transexual que se siente niña asegura en la querella por un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio que tanto el colegio San Patricio, donde recibía clases, como la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, ignoraron "desde el primer momento todos los informes médicos y psicológicos sobre el bienestar de la menor" y mostraron una posición "intransigente".
La querella, elaborada por el letrado Oliver Roales, ya ha sido presentada, según ha informado éste, y se dirige contra la directora del colegio San Patricio y contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en su calidad de presidente de la fundación. En el escrito se hace un relato de lo ocurrido y se pide que se tome declaración a los querellados y se pida documentación sobre el caso a la Junta de Andalucía.
En el documento se explica cómo Gabi ha ido mostrando a sus padres su rechazo a ser tratada como un niño, algo que fue "acentuándose" gradualmente; y se indica que "todos los profesionales que consultaron coincidieron en el hecho de que es absolutamente necesario reconocerla en el género que siente como propio". Se incide en que su conducta "no consistía en un capricho ni en una fase circunstancial".
Esto, según la querella, queda reflejado en los distintos informes elaborados, en los que se alude a una "disforia de género"; circunstancias que "fueron en su momento referidas, así como aportados por mis mandantes a la dirección del colegio la totalidad de informes", con el fin de que el centro "comprendiera la identidad de género de la menor y procediera respetuosamente en consecuencia". Se trataba, apuntan, de "mantener un trato digno y respetuoso".
Pero tanto el colegio como la fundación "consideraron este asunto como una cuestión de principios e ignorando" dichos informes "manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente y que fue dejando claro que, con independencia de cualquier informe médico o psicológico, nunca tratarían a la menor de manera acorde a su condición femenina".
Señala que los querellados "no han impugnado o puesto en duda los diferentes informes médicos-psicológicos, sino que en realidad han actuado como si no creyeran en la existencia misma de la realidad a la que se refiere el término técnico 'disforia de género'", al tiempo que se precisa que los padres "se vieron forzados a cambiar a su hija de centro", por lo que el letrado considera que se produjo "una expulsión de facto".
Así, se le asignó el servicio de minusválidos y se manifestó a la familia que, aunque podía ir en ropa deportiva, "no se le permitiría utilizar el uniforme que usaban el resto de sus compañeras". Sobre esto, se adjunta un informe realizado tras una reunión entre las partes, en el que se apuntaba, según la querella, que de ir vestida de niña "no le impedirían la entrada al centro", pero la "acogerían en una sala" y le dirían a la madre que no llevaba el uniforme adecuado.
Estas manifestaciones son para la representación de los padres "claramente constitutivas de una auténtica prohibición de acceso a las aulas", por lo que considera que en este caso se ha producido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio", consumado cuando se produjo esa "expulsión de facto", insistiendo en que los querellados "conocían a la perfección la condición de transexual de la menor".
La discriminación está, ha apuntado, en que "se le trata como un niño" y no como a las otras niñas, justificando esta actuación en el sexo biológico, "cuando lo que precisamente quiere decir la disforia de género es que la identidad sexual sentida sobrepasa y deja psicológicamente en la irrelevancia la identidad normalmente asignada por razón del sexo biológico". Se apunta que los padres y el colegio comparten el ideario católico.
