GRANADA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Atarfe (Granada), gobernado por Por Atarfe Sí (Podemos), ha presentado su petición de personarse como acusación particular en el caso sobre las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de la macrourbanización Medina Elvira y ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas una auditoría de los últimos años de gestión municipal, a manos del PSOE.
Todo, después de que el pasado 25 de enero la Audiencia Provincial de Granada, cuando estaba previsto el comienzo del juicio por este asunto, devolviera la causa al Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que después declaró la posible responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Atarfe.
Si el Ayuntamiento fuera finalmente condenado, se daría la paradoja de que el actual equipo de gobierno tuviera que hacer frente de forma subsidiaria a las indemnizaciones que se desprendieran de esta causa, que será juzgada en la Audiencia, por unas posibles ilegalidades presuntamente cometidas por aquellos a los que denunciaron con anterioridad, los exalcaldes Víctor Sánchez Sánchez y Tomás Ruiz Maeso, aunque el primero no acude a las vistas previstas contra él por su delicado estado de salud.
En rueda de prensa, el alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez Quesada, ha alertado de que el Ayuntamiento está "en la UVI" y ha lanzado un "SOS" al resto de partidos políticos para "regularizar" la situación en Atarfe, con una deuda que alcanza los 70 millones de euros y que podría incrementarse en otros 300 millones más si finalmente, se condena al Ayuntamiento.
De hecho, ha incidido en que los ciudadanos de Atarfe y el actual equipo de gobierno son "víctimas" de la acción de los anteriores mandatarios, los exalcaldes socialistas, y de sus "noches de delirio, sus viajes a Cuba o sus desmanes urbanísticos". Por ello, Rodríguez Quesada ha pedido al PSOE que "depure responsabilidades" al respecto y no permita que sigan en el Ayuntamiento concejales vinculados a las anteriores corporaciones, como por ejemplo la propia esposa de Víctor Sánchez.
La concejal de Urbanismo en la localidad, Rosa Félix, ha explicado que con su petición de personarse como acusación particular el Ayuntamiento "no quiere eludir su responsabilidad", pero ha indicado que quien tiene que asumirla son los anteriores gobernantes y aquellos que no ejercieron el control necesario para que no se cometieran las irregularidades que van a ir a juicio.
De hecho, ha señalado que la actual corporación no sólo está tomando medidas en el ámbito judicial, sino también en el administrativo, y está intentando llegar a acuerdos con los propietarios de las viviendas de la urbanización.
En el escrito de personación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento recuerda las escuchas telefónicas que se practicaron al exalcalde Ruiz Maeso en el marco de una investigación en Málaga por un asunto de tráfico de drogas en el que estaría implicado uno de los empresarios promotores de Medina Elvira, y que en ellas se evidenciaron las maniobras del socialista para que el municipio dejara de cobrar lo que le correspondía por la operación urbanística.
En ese sentido, incide el Ayuntamiento en que los anteriores gobernantes, del PSOE, tuvieron una actuación "contraria al interés público", con "especial nitidez" en las manifestaciones de Ruiz Maeso, que llegó a decir frases como estas en esas escuchas: "Ejecutemos otro aval, repartámonos como buenos hermanos y yo me encargaré de que M. cobre lo que pueda, tú lo que puedas y el otro lo que pueda para que esto ande".
Además, Atarfe recoge en su escrito de personación, presentada hace una semana, que el propio equipo de delitos económicos de la Guardia Civil constató que de los más de tres millones que el Ayuntamiento debería haber recibido de la promotora Vladiglof, tan sólo percibió un millón de euros. "Lo dicho hace sospechar que se haya podido desviar el dinero percibido por el Ayuntamiento, que entraría a formar parte del patrimonio público de suelo, a cualquier otra cuestión distinta que no sea la conservación y ampliación del propio patrimonio", sostuvo la Guardia Civil, según incide el Ayuntamiento en el documento de petición de personación.
Por todo, el Ayuntamiento entiende que tiene un "interés legítimo" como parte perjudicada, y ha incidido en la "paradoja" de pretender que sea responsable civil subsidiario "cuando los delitos se han cometido contra el Consistorio y los intereses públicos", para "servir a los intereses de una asociación criminal que acumula más de veinte causas penales".
Junto con el alcalde y la concejal han comparecido la parlamentaria andaluza de Podemos Carmen Lizárraga y la diputada Ana Terrón, que han criticado la falta de control en el caso de Atarfe, y se han mostrado partidarias de poner en marcha iniciativas parlamentarias relativas al Ayuntamiento de Atarfe.
EL CASO JUDICIAL
En este caso de las licencias de primera ocupación de Medina Elvira, un macrocomplejo urbanístico que estaba llamado a convertirse en una urbanización de lujo dotada de instalaciones turísticas y comerciales y un campo de golf de 18 hoyos hoy abandonado, están acusados los exalcaldes de Atarfe Víctor Sánchez y Tomás Ruiz Maeso.
Ruiz Maeso y Sánchez --que no se presentará al juicio por motivos de salud-- se enfrentan a dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística. También están acusados el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., y el secretario del Ayuntamiento, José Antonio L.G., para los que la Fiscalía pide la misma pena que a los anteriores.
Asimismo, el Ministerio Público atribuye tres delitos continuados de estafa al representante legal de la mercantil Bareo Investments y Vladiglof --la empresa propietaria de los terrenos--, Orfeo B.R., y para los representantes legales de las promotoras Península Project, y Costaind y Costa Indálica, José G.V.L.G. y Marcelino M.D.F. Para cada uno de ellos solicita seis años de prisión y multa de 14.400 euros.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, tanto Víctor Sánchez --alcalde desde 1991 hasta marzo de 2009-- como Tomás Ruiz Maeso, en connivencia con los también acusados secretario y arquitecto municipal, "aprovechándose de sus cargos municipales y obviando el cumplimiento de la legalidad", concedieron irregularmente las licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial Medina Elvira.
Con ello, favorecieron y permitieron que las sociedades implicadas procedieran a la venta de inmuebles "a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos imprescindibles, exigidos legalmente, para su ocupación y habitabilidad, así como incumpliendo los trámites esenciales y previos a la concesión de las licencias". De este modo se concedieron siete licencias de primera ocupación a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas y de un centro docente ubicadas en este sector residencial.
La Fiscalía mantiene que esto se hizo "eludiendo los requisitos exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo y los trámites legalmente previstos para ello", en ocasiones, previo informe favorable del arquitecto municipal, "pleno conocedor" dado su cargo de "las condiciones exigidas legalmente".
Con ello considera el fiscal que los procesados incumplieron "consciente y deliberadamente" lo establecido en la normativa vigente, una actuación que se desarrolló con "el conocimiento y el consentimiento" del secretario del Ayuntamiento, quien "faltando a su deber", permitió la "vulneración de la normativa urbanística", "no advirtiendo deliberadamente de la ilegalidad de la actuación".
