Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 23/08/2009 11:47
Verdemar-Ecologistas en Acción anunció este domingo que ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el Ministerio de Medio Ambiente por un presunto "delito ecológico" en relación al incendio registrado el pasado día 8 en la zona de los Pozos de Marajambú, en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), dentro de la finca de La Almoraima, cuya titularidad ostenta el citado Ministerio.
La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, expone que el citado incendio quemó entre cinco y diez hectáreas de monte mediterráneo --alcornoques y monte bajo-- y, aunque no se registraron heridos, 22 personas tuvieron que ser evacuadas de distintas viviendas rurales aisladas ubicadas en terrenos aledaños a la zona del incendio.
El colectivo ecologista destacó que el fuego se inició "en terrenos del Ministerio de Medio Ambiente", en la llamada finca de La Almoraima, y que en las tareas de extinción era "prácticamente imposible apagar zonas inundadas de ruedas de coches".
Asimismo, afirmó que en el monte mediterráneo también se apilaban "tuberías utilizadas por las obras de la Agencia Andaluza del Agua --dependiente de la Consejería de Medio Ambiente-- para el trasvase hasta Jimena de la Frontera" desde el pantano de Guadarranque y "otra serie de residuos".
Para contrastar este extremo, Verdemar remitió a la Fiscalía al parte de incendios de la Junta, así como a denuncias previas presentadas por Verdemar-Ecologistas en Acción ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Castellar.
"DEJACIÓN"
En dichas denuncias previas, los ecologistas manifestaban que "no existen planes de prevención" en la finca de Marajambú y otras de La Almoraima, donde "no se limpian las cunetas, no hay tratamiento silvícola en las plantaciones de pinos piñoneros desde hace muchos años, se abandonan residuos y se hacen fogatas en la 'Torre del agua' de Marajambú".
A juicio del colectivo, estos hechos podrían suponer una infracción a la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales. Al mismo tiempo, pidió a la Fiscalía una "seria investigación" sobre los hechos ocurridos en el inicio del incendio, que "parte de una torre de alta tensión", por lo que pidieron responsabilidades también a la Red Eléctrica de España.
En este sentido, destacó que los pies de "todas las torres eléctricas" que salen de la subestación del Pinar del Rey, en San Roque, "se encuentran cubiertos de maleza". Además, los aisladores de dichas torres se salinizan por su cercanía con el mar y "esta salinización los hace conductivos, siendo frecuente ver arcos eléctricos al pie de las torres".
No obstante, fuentes del colectivo ecologista reconocieron a Europa Press la "genial" y "rápida" actuación de los técnicos del Infoca durante el incendio, considerando que su intervención evitó que se extendiese hasta la playa de Sotogrande, puesto que la velocidad del viento de poniente era "muy fuerte" y "favorecía la propagación del fuego".
Finalmente, apuntaron que la finca La Almoraima cuenta con una extensión de 14.000 hectáreas de titularidad pública estatal. La citada finca pertenecía a Rumasa, adscribiéndose al Ministerio de Medio Ambiente en 1987, tras la expropiación del holding del empresario José María Ruiz Mateos.