SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de investigadores de diferentes universidades andaluzas, contratados bajo la figura de personal docente e investigador en áreas de conocimiento deficitarias por necesidades docentes, y que se encuentran sin contrato desde el 28 de febrero de 2014, piden a la Junta aplicar la normativa que rige sus contratos y que garantiza un año de investigación postdoctoral como tercera fase del incentivo concedido.
En un comunicado, el colectivo ha expuesto en este sentido que esta situación es resultado del "incumplimiento" de la norma de la última fase de contratación por parte de la Junta de Andalucía, pues las bases que regulan sus contratos estipulan tres fases de contratación: un año de beca, tres de contrato predoctoral y, por último, un contrato postdoctoral sujeto a que el investigador haya obtenido el título de doctor, condición que la mayor parte del colectivo cumple.
Esta modalidad de contratos fue creada por la Junta de Andalucía, gracias a fondos europeos, para paliar los déficit docentes de departamentos de universidades andaluzas, y se realizaron convocatorias públicas y competitivas en los años 2008 y 2009. El personal contratado en 2008 ya ha agotado su quinto año y actualmente se encuentra fuera de la universidad andaluza en la que ha cumplido su formación, financiada por la Junta de Andalucía. El personal contratado a través de la convocatoria de 2009, en cambio, lleva ya casi dos meses "en la calle" esperando que la Junta se ocupe de aplicar la normativa.
"El trabajo de investigadores y docentes es algo 'sui generis' en cuanto a dedicación y organización en términos de tiempo y, sin duda, la gran parte de las actividades realizadas requieren de una planificación en el medio-largo plazo", manifiestan, para añadir que "a pesar de no tener contrato ni sueldo, la mayor parte de los investigadores involucrados han continuado su labor investigadora e incluso docente para finalizar las actividades comenzadas durante estos años".
En cualquier caso, los investigadores de las dos convocatorias "están condenados a abandonar su carrera profesional en Andalucía, dado que no existe ningún plan de contratación estable de jóvenes investigadores". "Considerando las dos convocatorias, la pérdida de estos investigadores supone arrojar a la basura más de 30 millones de euros de dinero público invertido en toda Andalucía en su formación, excluyendo gastos en estancias internacionales de investigación, asistencia a congresos o materiales experimentales, entre otros", han apostillado.
