SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exconcejal de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Fernández (PSOE), ha lamentado este miércoles que se haya encargado un informe "a medida para justificar" la derogación del Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental de Sevilla (Plan Centro), lamentando la "trama urdida" por el PP en la que se "vilipendia y humilla a los funcionarios de forma soez", y advierte de que la ordenanza que avala este plan "tenía que haberse seguido cumpliendo por parte del nuevo gobierno local" hasta su derogación a finales de julio.
En su intervención durante la Comisión de Investigación de dicho plan, donde también ha comparecido este miércoles el exdelegado de Movilidad, Rubén García, Fernández ha apuntado a una "trama" por parte de los portavoces del gobierno municipal, Francisco Pérez, y del PP en el Ayuntamiento, Juan Bueno, "urdida" por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que "siguen mirando hacia atrás, comportándose como oposición, en vez de mirar al futuro", y ha lamentado que se haya intentado "pasar por encima de los informes técnicos para avalar una decisión política".
"El PP podía haberlo derogado sin más, como decisión política, pero ponerlo en duda técnicamente ha sido un completo error por su problema de soberbia", recalca, tras insistir en que Zoido debería pedir "disculpas públicas", algo a lo que se han sumado los portavoces municipales del PSOE e IU, Juan Espadas y Antonio Rodrigo Torrijos.
Fernández ha negado "improvisación" en el desarrollo del plan y subraya la "completísima garantía jurídica" existente, lo que demostraba que "el anterior gobierno tenía un plan para la movilidad y el actual no". Ha explicado que la gestión de las multas contaba con una "falta de personal" y que se esperaba que, "una vez solucionado el problema de la plantilla, se retomara la gestión de las sanciones antes de que éstas prescribieran", teniendo en cuenta que las infracciones prescribían en un plazo de entre tres meses y un año, "pero no las sanciones", según explica después García.
El exconcejal añade que esta fatal de personal que dificultaba su desarrollo era conocida por el alcalde en aquel momento, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y por algunos miembros de la oposición, apuntando al también presidente de la comisión, Francisco Pérez, aunque reconoce que no fue trasladado como tal el hecho de que no se estaba multando desde marzo. Además, ha asegurado que esta ordenanza no tenía "voluntad sancionadora, sino de regular el tráfico, un objetivo que sí se estaba cumpliendo, defendiéndose así de las afirmaciones de Pérez, que insiste en que los ciudadanos debían conocer que no se multaba para "no mentirles" y que avanza que el Consistorio no descarta "en el futuro que haya otra modalidad de Plan Centro".
"Por un mínimo de dignidad política deberían reconocer que se han equivocado y que fueron de cacería, pero fueron cazados", advierte el socialista, que recuerda al PP que si "realmente hubiera tenido voluntad política de conocer que pasaba en el Plan Centro, con el traspaso de poderes, lo sabría".
TRASPASO DE PODERES
También, reconoce que no se comentó al PP en dicho traspaso de poderes el hecho de que la Agencia Tributaria había puesto en 250 el límite de sanciones a tramitar, ante el alto volumen recibido, aunque desde el PSOE se advierte de que la actual concejal de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley (PP), se encontraba entonces en la Agencia Tributaria por lo que "podría haber informado a sus compañeros de militancia en vez de dejar a Pérez desprotegido".
"¿Cuando el PP no tenga la capacidad de gestionar las multas a los 'gorrillas' o a los clientes de las prostitución derogará las ordenanzas?, cuestiona Fernández a Pérez, que señala que "el día que eso ocurra se dirá la verdad a los ciudadanos" y recuerda que el anterior gobierno apuntaba a que se había producido 43.000 acreditaciones cuando los datos apuntan a unas 16.300. "¿Todo este circo se monta para decir que cometí una imprecisión? Creí que esta comisión era para analizar grandes desvíos presupuestarios e irregularidades", ironiza Fernández.
En este contexto, el socialista ha dejado claro que si el informe que apunta a supuestas irregularidades sobre el plan hubiera llegado a sus manos lo pondría a disposición de la Fiscalía, una propuesta a la que se suma Torrijos, que advierte de que, cuando una medida afecta a unos 180.000 ciudadanos, "como Gobierno se debe contrastar la información en vez de darle publicidad".
LA PARALIZACIÓN DE SANCIONES, UNA "INCIDENCIA"
En esta misma línea ha sido el planteamiento expuesto este miércoles por el exdelegado socialista de Movilidad, que deja claro que la sanción no supone el fin del plan, sino que es un elemento "complementario" para la regulación de la zona y que su paralización se debía a una "incidencia" del sistema de tráfico que "no afectaba al los fines del plan". "Nadie aplica o deja de aplicar una ordenanza dependiendo del número de sanciones, sino por el nivel de cumplimiento de sus objetivos, que era bueno", recalca.
García añade que desde el propio servicio administrativo se propone que se deje de tramitar infracciones para garantizar la "seguridad jurídica", algo que se "asume", un hecho ante el que Pérez le recrimina que se haga de modo "oral y no se transmitida después públicamente".
Además, el exdelegado de Movilidad agrega que la situación de no tramitar las infracciones era "temporal" hasta que se solucionara el problema de personal, un periodo en el que no se preveía que prescribieran las sanciones. "El sistema toma las infracciones de más de 45 minutos y después había que seleccionar las que fueran las más graves porque la Agencia Tributaria no tenía capacidad de tramitarlas todas", aclara.
Asegura que hay "absoluta transparencia en la contratación" y que el contrato no fue detallado en el traspaso de poderes al PP porque se trataba de algo ya "cerrado y ejecutado" y "sólo se daba información de los pendientes o en ejecución, entre otros". "No ha habido ninguna intención de no informar", advierte.
GUTIÉRREZ, "SIN CONOCIMIENTO PARA HACER EL INFORME"
Además, deja claro que el autor del informe sobre las presuntas irregularidades del plan y jefe de Sección del Centro de Control de Tráfico, Enrique Gutiérrez, no participa en el desarrollo del sistema por "lógica competencial, por lo que no es anómalo que permanezca al margen". "No disponía de los conocimientos necesarios para realizar ese informe", añade.
Ante las críticas de Pérez, que apunta a que a Gutiérrez "no se le dejaba ejercer sus funciones, García subraya que no se deben "enmendar" en esta comisión las dos decisiones de tribunales a este respecto. "Gutiérrez no estaba apartado y se le respetaban sus derechos para ejercer sus funciones, aunque otra cosa es lo que él interpretaba que eran sus funciones", matiza.
Por último, ha recordado que durante su labor en el área de Movilidad, cuando suscribió las cinco certificaciones del sistema, pudo ver las imágenes de las cámaras pero "nunca tuvo acceso a la impresión" de forma directa, por lo que advierte de que la obtención de estas imágenes y su difusión pueden suponer una "vulneración de la intimidad" de los ciudadanos.
