Mantiene que las facultades que recoge la norma son "exclusivamente del Estado"
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Junta de Andalucía 9/2013, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla.
Además, según consta en las referencias publicadas tras el Consejo de Ministros, el Gobierno realizará una invocación expresa del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión del decreto andaluz.
El Decreto Ley remitido reserva a la Junta de Andalucía la actividad extractiva en el complejo minero de Aznalcóllar y dirige un mandato a la Administración autonómica para que las actividades extractivas de explotación se adjudiquen mediante concurso.
El Gobierno considera que el mencionado decreto ley es inconstitucional, ya que las facultades que recoge la norma corresponden exclusivamente al Estado, según la Ley de Minas de 1973, que le atribuye la facultad de reservarse zonas de cualquier extensión en el territorio en las que el aprovechamiento de recursos minerales pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional.
Así, mantiene que se trata de una facultad del Estado como titular de los bienes del demanio minero, no traspasada a las comunidades autónomas por la relevancia de tales recursos económicos para el interés general.
El Gobierno mantiene que otros preceptos de la norma también son inconstitucionales por conexión y el Decreto Ley, en su conjunto por vulneración de las exigencias de necesidad y urgencia previstas por el artículo 86 de la Constitución.
CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIAS
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes otro acuerdo por el que se solicita el planteamiento de un conflicto positivo de competencias contra la Resolución del 13 de enero de 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Junta de Andalucía, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos minerales existentes en la reserva minera de Aznalcóllar.
Los argumentos del conflicto son idénticos al recurso de inconstitucionalidad en la medida que se dicta en ejecución del Decreto Ley objeto de recurso.
Cabe recordar que la Diputación Permanente del Parlamento andaluz convalidó por unanimidad a mediados del mes de enero el decreto ley, que había sido aprobado en diciembre por el Consejo de Gobierno de la Junta, y que dio luz verde a la Administración autonómica a impulsar la reapertura de esta explotación a través de un concurso en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de elegir el proyecto que mejor cumpla las exigencias de seguridad y de viabilidad técnica, económica y medioambiental.
En aquel momento, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, José Sánchez Maldonado, defendió la reapertura de la mina con totales garantías y bajo premisas de plena transparencia y competitividad y justificó la fórmula del decreto ley, prevista en el Estatuto de Autonomía para situaciones de urgente necesidad, por "la extraordinaria necesidad de empleo que vive Andalucía" y por las "particulares circunstancias de la mina de Aznalcóllar, que obligan al Gobierno andaluz a extremar el control de las futuras actividades extractivas" después del conocido vertido protagonizado por Boliden.
El complejo minero de Aznalcóllar ocupa una superficie de casi 950 hectáreas y cuenta con unas reservas de 35 millones de toneladas constatadas, y otros 45 millones probables, de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata. Por ello, a juicio del consejero, el proceso para su reapertura se produce "en un contexto favorable de resurgimiento de la minería metálica y de aumento de la demanda y de los precios". Eso sí, debe ir "precedida en todo momento de todas las medidas preventivas oportunas", algo que, según ha insistido, se van a seguir en este caso para que la actividad minera sea "perfectamente compatible con la planificación medioambiental y territorial", señaló.
También el PP-A votó en aquel momento a favor del decreto ley y argumentó, en palabras de su parlamentario Rafael Salas, que "el pasado no puede paralizar" el presente ni impedir la creación de puestos de trabajo en la comunidad. Avisaba, no obstante Salas, que el apoyo no era "un cheque en blanco" para el Gobierno andaluz.
De hecho, los 'populares' pidieron la tramitación del decreto como proyecto de ley --algo que fue rechazado por PSOE-A e IULV-CA-- para "corregir" ciertos aspectos del texto que creen que son mejorables como, por ejemplo, todo lo relacionado con las exigencias a la empresa que se haga con el concurso público de reapertura de la mina.
