av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles convalidar el Decreto-Ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+, y el Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+.
El decreto ha contado únicamente con los votos a favor del PSOE-A, la abstención de Ciudadanos (C's) y el rechazo de los demás grupos --PP-A, Podemos e IULV-CA--. Se trata de la segunda vez en la presente legislatura que el Pleno del Parlamento deroga un decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno, algo que ya ocurrió en septiembre del pasado año con el que el Gobierno remitió a la Cámara por el que se reconocía a los funcionarios de la administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.
Los grupos de la oposición han coincidido en aludir a la Disposición Adicional Primera de este decreto --que hace referencia a la participación del personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la prestación de servicios y desarrollo de programas-- aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de marzo, al esgrimir los motivos para justificar el voto en contra a esta norma que trata de facilitar el acceso de todos los ayuntamientos a los distintos planes recogidos en la norma, aunque mantengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social o condenas por despido improcedente, como ha defendido el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, que ha expuesto la posición del Gobierno andaluz.
En su intervención, el consejero ha recordado las medidas puestas en marcha por la Junta para favorecer la inserción laboral, y ha recordado que en el origen de este decreto se sitúa una proposición no de Ley aprobada por el Parlamento el pasado 25 de febrero para "evitar que las personas desempleadas se vean perjudicadas por la exclusión de estos municipios, que debido a la crisis económica han tenido que recurrir a ajustes económicos y a reducciones de plantilla".
Otra modificación afectaba a los incentivos a la contratación indefinida para mayores de 45 años, línea de ayudas en la que se incorpora como colectivo prioritario a trabajadores desempleados procedentes de expedientes de extinción de empleo en la industria manufacturera.
El decreto-ley derogado por el Parlamento especificaba además que, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los ayuntamientos tendrán un mes más de plazo para presentar las solicitudes de los proyectos en las nuevas condiciones reguladas.
Igualmente, se introducía la posibilidad de que el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) realice tareas de atención a los desempleados, como la inscripción, clasificación y actualización de las demandas, el diseño de itinerarios personalizados o la gestión de ofertas y anuncios. La gestión de los registros administrativos de documentos y la dación de fe pública quedaban reservadas a funcionarios.
En ese sentido, el consejero ha remarcado en su intervención en el Pleno que el Gobierno andaluz "opta por mantener un modelo público en la gestión de los planes de empleo, contribuyendo a reforzar su imagen como servicio público", y acomete "las debilidades en el número de recursos de los que disponen las oficinas del SAE, insuficientes para atender" al colectivo de personas desempleadas que hay en Andalucía. Ha remarcado, además, que a esos empleados públicos se les dan "unas funciones que no invaden en ningún momento las potestades públicas reservadas exclusivamente a los funcionarios".
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
Frente a ello, el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico ha comenzado su intervención preguntando a la Junta "por qué han querido cargarse los planes de empleo para los ayuntamientos", y tras remarcar que los socialistas "no son conscientes de que no tienen la mayoría absoluta en el Parlamento", ha aseverado que el Grupo Popular "no va a tolerar que bajo la excusa de la aplicación del decreto-ley intenten encubrir la entrada de empleados de la extinta Faffe en la función pública asumiendo potestades administrativas" a través de la citada Disposición Adicional Primera.
Torrico también ha cuestionado que el Gobierno andaluz haya optado por la figura del decreto, citando así un informe de los servicios jurídicos en el que "no se considera acreditada la concurrencia de circunstancias que lo justifiquen", y ha concluido responsabilizando a la Junta de que "los ayuntamientos no tengan planes de empleo".
Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero ha criticado igualmente el "abuso" de la Junta de la fórmula del decreto, que tampoco la ha considerado justificada en este caso, entre otros motivos, por "cuestiones formales", porque se entra "otra vez en la dinámica de volver a establecer exoneraciones como práctica general que lo único que produce es una puerta abierta al fraude, a que se pierdan fondos públicos", ha abundado, para señalar también que la Disposición Adicional Primera "no tiene nada que ver con el objeto del decreto".
Para posicionar a Ciudadanos ha intervenido el parlamentario Carlos Hernández White, que ha acusado al Gobierno andaluz de no haber sido "transparente" y haber "jugado sucio" introduciendo una disposición adicional "sin hablarla ni consultarla". "Las cosas no se pueden hacer tan mal", ha enfatizado el diputado 'naranja', que ha argumentado que "la orientación laboral desde las oficinas del SAE es fundamental para la integración laboral" de los desempleados, "pero no con personal que les sobra de una fundación que ya no existe".
Por parte de IULV-CA ha intervenido el diputado José Antonio Castro, que ha comenzado expresando la "tremenda decepción" de su grupo "por el debate puesto" por el Gobierno andaluz con un decreto-ley que venía a introducir cambios "necesarios", pero cuyo contenido "se cargan con la Disposición Adicional Primera sobre la participación del personal laboral" del SAE en relación a los servicios incluidos en el decreto, que ha definido como "una puñalada trapera desde el punto de vista jurídico-técnico". "Retiren este decreto-ley y tráiganlo sin disposición adicional primera", ha instado al Gobierno andaluz.
Frente a los grupos de la oposición, la parlamentaria socialista Noelia Ruiz ha defendido los planes de empleo vinculados a este decreto y ha aseverado que el mismo "limita las funciones" para el personal laboral y en ningún caso "invaden las potestades públicas reservadas para los funcionarios". En esa línea, ha manifestado que este decreto constituye "una defensa de lo público".
