Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 23/11/2010 12:31
La diputada del Grupo Popular en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Ana Barrientos, ha reprochado al Gobierno del Principado que no haya remitido al Parlamento determinados informes relativos al proyecto de ley del Principado de Asturias de comercio interior. En concreto, Barrientos se ha referido a informes de la dirección general de Sanidad y Consumo, de la Consejería de Medio Ambiente, de la asesoría jurídica de la Consejería de Presidencia, y de la secretaría general técnica de la Consejería de Industria. A su juicio, el expediente remitido al Parlamento sobre esta cuestión "está incompleto".
Así lo ha manifestado en la Comisión de Industria y Empleo de la JGPA, que tramita el citado proyecto de Ley. No obstante, el director general de Comercio, Autónomos y Economía Social, Julio González Zapico, ha contestado que el Gobierno ha remitido a la Cámara toda la información necesaria, marcada por la legislación vigente. De hecho, Zapico ha señalado que la Mesa no puso ninguna objeción a la información remitida.
Otra de las críticas del PP en relación a este asunto es el supuesto rechazo en la tramitación de la ley, que a la postre supone una trasposición de la normativa europea. "Asturias es la última en adaptarse", ha comentado Barrientos.
A este respecto, Zapico ha replicado que ha habido que esperar a la trasposición de la legislación europea a la normativa estatal y ha puesto en valor el trabajo realizado desde el primer momento.
En su exposición inicial, Zapico ha señalado que el principal objetivo de la nueva ley es la de eliminar cualquier tipo de trámites que pudieran suponer una "traba" o un procedimiento excesivamente costoso para los empresarios. Además, se ha aprovechado para incluir aspectos que se han incluido en la normativa estatal desde 2002, fecha de la última ley del Principado de Comercio Interior. También ha subrayado el protagonismo que tendrán los ayuntamientos.
Este sector supone aproximadamente un 10 por ciento del Producto Interior Bruto de Asturias y genera el 17 por ciento de empleo total en el Principado, con más 14.000 de comercio minorista.
La nueva ley se está tramitando en la Cámara por el trámite de urgencia y viene motivada por la transposición de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior al ordenamiento jurídico español. Busca simplificar barreras y trabas administrativas existentes en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.