MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno elaborará a lo largo de 2011 un informe para detectar posibles duplicidades, solapamientos y deficiencias en las administraciones públicas, y evaluará el funcionamiento de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigidas a pymes y autónomos, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El organismo encargado de llevar a cabo estas actuaciones será la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, creada en 2006, para hacer un balance anual de las políticas y programas públicos para potenciar la eficiencia de la intervención pública.
Así, por mandato del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, el Ejecutivo estudiará el funcionamiento del Estado Autonómico y elaborará propuestas de mejora.
El BOE concreta que esta iniciativa se desarrollará desde la lealtad institucional, el respeto al marco constitucionalmente diseñado y a los Estatutos de Autonomía.
LAS LÍNEAS ICO A REVISIÓN
Por otro lado, la Agencia llevará a cabo la segunda fase de la evaluación iniciada en 2010 de las líneas ICO dirigidas a trabajadores autónomos y pymes, entre las que se incluyen la ICO-Pyme, ICO-Emprendedores, ICO-Crecimiento empresarial, ICO-internacionalización, y las desarrolladas a partir de 2009 para paliar los efectos de la crisis: ICO-Liquidez Pyme, ICO-Economía Sostenible e ICO-Directo.
En esta segunda fase, la evaluación se centrará en el diseño, implementación y resultados de las nuevas líneas y en las medidas adicionales desarrolladas en los años 2009 y 2010.
Por otro parte, la Agencia realizará una evaluación de las medidas implementadas para reducir las trabas administrativas y, en especial, de la transposición de la directiva europea de servicios, y llevará a cabo un diagnóstico sobre las posibles diferencias regulatorias y procedimentales entre los distintos territorios y sus efectos sobre la unidad de mercado.
Por último, el Gobierno también prevé revisar las políticas y los programas públicos contemplados en los convenios de colaboración entre la Agencia y las comunidades autónomas, así como el Plan de Energías Renovables 2005-2010 o el Programa de Ayudas a la Reindustrialización.
