Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 09/02/2010 12:37
El sindicato Unión Democrática de Estudiantes presentó hoy al Ministerio de Educación y al Consejo Escolar del Estado sus enmiendas al borrador del Pacto Educativo donde proponen, entre otras medidas, que se contemple la creación de un bachillerato de 4 años, homologado mediante pruebas estatales, y el refuerzo de los contenidos comunes para que sean "más exhaustivos".
En este sentido, el grupo pide que el texto del Gobierno incluya la escolarización obligatoria entre los 6 y los 16 años con enseñanzas comunes a todos los alumnos, sin perjuicio de que los centros educativos, públicos o privados, puedan establecer distintos niveles académicos "con el fin de maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes".
Asimismo, reclama que el bachillerato, que deberá tener una duración de cuatro años (14-18 años), cuente con una "entidad propia diferenciada" y que sea el Estado quien regule el 70 por ciento de los contenidos de las asignaturas. Según establece su documento, "podrán acceder al bachillerato quienes aprueben todas las materias de la etapa anterior y superen una prueba de acceso".
En el apartado sobre el servicio público de la educación, el sindicato exige que Gobierno y PP se comprometan a poner en marcha las reformas necesarias para que el Estado "recupere un margen de competencias" que le permita abrir o autorizar centros educativos regidos exclusivamente por sus regulaciones, donde se impartan programas de estudio "estrictamente nacionales" que garanticen el derecho a estudiar en castellano.
Además, pide al ministerio un nivel superior de concreción de los contenidos comunes, sobre todo en materias de Humanidades que "agote" el porcentaje del currículo que le corresponde fijar al Estado. "La LOE especificará que dichos contenidos formarán parte de los currículos finales, siendo recogidos por éstos en sus propios términos", señala el texto de enmiendas.
PIDE QUE SE SUPRIMA EPC
Por otra parte, reclama a las administraciones educativas y a los centros docentes la obligación de establecer mecanismos "rápidos y eficaces" que permitan al profesor ejercer su autoridad y mantener un ambiente académico de disciplina. Asimismo, apoya la supresión, tanto en Primaria como en Secundaria, de 'Educación para la Ciudadanía', aprobando en su lugar, las asignaturas de 'Introducción al Derecho' y 'Ética y Civilización'.
En cuanto a la política de becas, UDE propone que el Estado conceda becas de estudio a los alumnos "con criterios exclusivamente académicos", que concurrirán con aquellas ayudas basadas en criterios socio-económicos. También, demanda a las Comunidades Autónomas mecanismos de financiación de la enseñanza que atiendan a los criterios del Estado, que habrán de tener en cuenta las demandas de las familias y los resultados de los alumnos.