MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, ERC y CiU quieren que se conceda el permiso de residencia a las inmigrantes víctimas de violencia de género también en aquellos casos en los que haya habido un sobreseimiento provisional de la causa contra el maltratador porque éste se encuentra en paradero desconocido o porque ha sido expulsado de España.
Así lo recogen los tres Grupos parlamentarios en el paquete de enmiendas que han presentado a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería), del año 2000, iniciativa que contó con el respaldo de la Cámara baja en febrero para su "tramitación urgente".
Según argumentó en el Congreso la portavoz 'popular' Soraya Sáenz de Santamaría al presentar esta reforma, el objetivo es modificar la Ley de Extranjería para que no se expulse del territorio nacional a mujeres que estando en situación irregular sean víctimas de violencia de género o de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual.
En la actualidad, cuando una mujer acude a las fuerzas policiales a denunciar una situación de violencia de género y se encuentra en situación irregular se le incoa un expediente sancionador, que puede acabar en multa o en expulsión del territorio nacional. No obstante, este expediente, así como el que la víctima pudiera tener abierto previamente, queda suspendido hasta que se resuelve el procedimiento judicial por malos tratos.
Con la ley en vigor, la víctima accede a una autorización temporal de residencia durante el procedimiento si lo avala el Ministerio Fiscal y, una vez el maltratador es condenado o existe una resolución judicial que acredite su condición de víctima de violencia de género, accede a un permiso de residencia de larga duración.
En las propuestas de enmienda, los grupos quieren, además, que en los casos de sobreseimiento por ausencia del acusado la mujer pueda acceder también a la autorización, aunque no se haya producido la sentencia condenatoria necesaria que recoge la legislación actual.
Por otra parte, el texto propuesto por el PP solicita que para incoar un expediente sancionador a una víctima en situación de irregularidad la denuncia presentada "sea falsa", en línea con la enmienda elevada por CiU, aunque el grupo catalán no especifica que sea necesaria una condena de la mujer por realizar esta acusación fraudulenta.
Esta petición sí la hace ERC-ICV, que propone que sólo se pueda reanudar el expediente de expulsión de la víctima de violencia machista en situación irregular una vez que se haya absuelto al supuesto maltratador enjuiciado y "se dicte" en contra de la mujer "una sentencia firme por un delito de denuncia falsa".
Desde el PSOE, solicitan, además, que el expediente no sea incoado en el momento en que la víctima en situación irregular presenta la denuncia, sino cuando llegue la resolución judicial sobre el acusado de violencia de género. De este modo, no habría que iniciar el procedimiento sancionador para acto seguido, suspender su ejecución en espera de la sentencia por malos tratos.
Por otra parte, el Grupo Socialista propone la supresión apartado referente a la trata de personas, porque considera que las modificaciones que propone el PP actúan en detrimento de las garantías de las víctimas de trata de seres humanos, tanto desde el punto de vista de su protección como por seguridad jurídica.
