MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá la próxima semana si admite o no a trámite una proposición de ley aprobada por unanimidad por la Asamblea de Madrid para reformar la Ley Electoral (LOREG) con el fin de otorgar el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, en particular a los discapacitados intelectuales o psicosociales.
La iniciativa, impulsada en su día por el PSOE, plantea la modificación del artículo 3 de la LOREG con la suspensión de dos de sus apartados. Concretamente, aquellos en los que se establece que no tienen derecho a sufragio "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme", así como "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial".
Además, el texto añade una disposición adicional que establece que "las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la Ley".
El objetivo de esta reforma es, según apuntan los socialistas en el documento, adaptarse a las recomendaciones que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas realizó a España tras una inspección.
En cuanto a los diputados autonómicos que defenderán esta iniciativa ante la Cámara Baja, la Asamblea de Madrid ha elegido a Alfonso Serrano (PP), Mónica González (PSOE) y Beatriz Gimeno (Podemos), que han sido los tres que obtuvieron más votos en la cámara autonómica.
PROPUESTAS EN LAS CORTES
Los socialistas defendieron esta misma semana una propuesta similar en el Senado, a través de una moción, que recoge las peticiones del CERMI. El portavoz del PSOE en esta materia, Nemesio de Lara, denunció que el sufragio para el colectivo con discapacidad "está muy limitado". "Es necesario extender este derecho y facilitar que cualquier persona con discapacidad pueda depositar su voto en una urna", insistió.
En el Congreso, Unión del Pueblo Navarro (UPN) también registró el pasado mes de febrero una proposición no de ley para que se pueda evaluar a las personas con discapacidad psíquica de forma individualizada y garantizar su derecho al voto. La formación navarra quiere que sea un juez, a través de un proceso judicial y un peritaje médico, quien dictamine la incapacidad de una persona para ejercer su derecho al voto.
