Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 23/04/2009 15:56
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 14 años y tres meses de prisión a un hombre, guardia civil cuando sucedieron los hechos, por un delito continuado de agresión y abuso sexual sobre su hija durante 13 años, desde que ésta tenía ocho años. Además, se le prohíbe acercarse o comunicar con ella por un periodo de 15 años y deberá indemnizarla con 45.000 euros.
Se declara probado, en la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, que desde 1989, cuando la víctima tenía ocho años, el acusado comenzó a "someter a la misma a diversos abusos"; llegando en dos ocasiones, cuando tenía 11 años, a ponerle las esposas. Estos hechos, según la resolución, se repitieron "durante años a razón de dos o tres veces a la semana".
Finalmente, continúa la sentencia, que aún no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, la perjudicada salió del domicilio paterno a principios de 2005 y en mayo de ese mismo año se dedicó a formular denuncia contra su padre. Como consecuencia de estos hechos, la joven presenta un trastorno ansioso depresivo por el que está recibiendo tratamiento.
La Sala indica en la resolución que, aunque el acusado negó "invariablemente" haber llevado acabo los hechos que se le imputan y atribuye la denuncia en su contra "a un posible trastorno mental" de su hija, "la prueba practicada en el plenario ha sido suficiente para enervar la presunción de inocencia".
En este sentido, se apunta que "no existe motivo para pensar que la denunciante falta deliberadamente a la verdad acusando a su padre de hechos tan graves" y se añade que la denunciante vino a reiterar en el juicio oral "sin contradicciones destacables", lo que ya había manifestado en varias ocasiones.
El Tribunal señala que su versión "pese a su frialdad, resultó verosímil" y que, además, "se vio avalada por distintas corroboraciones periféricas", como las declaraciones de dos forenses y de dos psicólogas. Según consta en la causa, la joven fue en dos ocasiones al Servicio de Asistencia a Víctimas de Delitos de Andalucía (SAVA), aunque sin querer denunciar los hechos.
La Sala destaca también la importancia de una conversación telefónica entre el acusado y su hija, que fue grabada por ésta, en la que él le pedía que "tuviera cuidado con lo que decía y a quién se lo decía". Por contra, señala que el hecho de que vecinos del procesado en varias casas cuartel donde ejerció sus funciones como agente no escucharan gritos "no descarta que los hechos ocurrieran realmente".