Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 01/12/2008 18:09
Tres menores de edad que acosaron a un escolar en la ciudad de Huesca eludieron hoy un juicio penal que se iba a celebrar el Juzgado de Menores de la capital altoaragonesa a cambio de un año de libertad vigilada para cada uno y una multa de 4.000 euros en total. Esta mañana, ambas partes llegaron a un acuerdo y el juez dictó la sentencia 'in voce'.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una nota, los tres menores han sido condenados por sendos delitos de coacciones y tienen prohibido acercarse a la víctima, a su domicilio o a su colegio, a menos de 100 metros de distancia. Tampoco se podrán comunicar con la víctima por procedimiento alguno.
Un cuarto imputado, de 16 años de edad, fue absuelto, ya que el Ministerio Fiscal retiró acusación que pesaba sobre él, indicaron desde el TSJA.
El juicio, cuya celebración estaba prevista para el día de hoy y mañana, no ha tenido lugar. El fiscal, que en un principio calificó los hechos como un delito contra la integridad moral de las personas acusando de ello a los cuatro menores (tres jóvenes de 16 años y uno de 15) cambió posteriormente su calificación, retirando la acusación para uno de ellos, y modificó la acusación para los otros tres al calificar los hechos como un delito de coacciones.
Por su parte, la acusación particular solicitó la condena de la responsabilidad civil para los tres jóvenes acusados por el Ministerio Fiscal y su padres y la fijó en 4.000 euros.
La libertad vigilada significa que se hará un seguimiento de la actividad de estos tres jóvenes y de su asistencia al centro educativo. Esta medida obliga a los jóvenes a seguir las pautas socio-educativas señaladas por el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado y aprobado por el juez de menores.
Además los tres menores quedan obligados a mantener con el profesional que se les asigne las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir las reglas de conducta impuestas por el juez.
Tienen, entre otras obligaciones, la de asistir con regularidad al centro docente correspondiente y acreditar ante el juez la asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello. También deben someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.
No podrán acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, según lo decida el profesional que se les asigne. Tampoco podrán ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa y, de hecho, tienen la obligación de residir en un lugar determinado.
Los tres condenados tienen la obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
Asimismo, deberán satisfacer cualesquiera otras obligaciones que el juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social de los condenados, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.