MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Save The Children ha denunciado este martes que la expulsión prevista para este miércoles de un menor marroquí de 16 años que se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche "vulnera gravemente sus derechos y contraviene la petición al respecto del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo", así como los tratados internacionales de los que es parte España.
En un comunicado, se refiere a este menor que llegó a Lanzarote el pasado 1 de enero con partida de nacimiento y libro de familia expedidos en Marruecos, país con el que España mantiene un acuerdo de reconocimiento mutuo de documentación registral, según los cuales su edad al llegar era de 16 años y tres meses.
Sin embargo y contra la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual no se puede someter a pruebas de determinación de la edad a extranjeros que estén documentados, la Fiscalía de Las Palmas ordenó que se le practicasen esos test y el resultado que arrojaron era que el joven había cumplido ya los 18 años. Fue así internado en el CIE de Madrid pendiente de su expulsión.
"Hasta llegar a esta situación, los derechos de este menor marroquí han sido gravemente vulnerados. A pesar de tener documentación que probaba su edad, fue sometido a pruebas altamente cuestionadas condenándole a la desprotección. Si finalmente se produce la expulsión, esta supondrá una flagrante vulneración de todos los tratados internacionales en materia de derechos del niño de los que España es parte", denuncia la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre.
Save the Children se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado recordándole que el Tribunal Supremo prohibió en 2014 someter a los menores migrantes a estas pruebas de edad y que el pasaporte y otros documentos oficiales de identidad tienen que ser considerados como pruebas válidas.
La Plataforma de Infancia, entidad de la que Save the Children es parte, también se ha dirigido a la Fiscalía mostrándole su preocupación por el asunto.
Además, el pasado 2 de febrero el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Estado español que paralizase la expulsión a través de una carta del Alto Comisionado de Derechos Humanos con sede en Ginebra. En esa carta el organismo de Naciones Unidas pide que el menor sea llevado a los servicios sociales adecuados y que no se produzca la devolución, tal y como ha informado el Servicio Jesuíta a Migrantes.
De hecho, Naciones Unidas ha vuelto a dirigirse este martes al Gobierno español para que se no se lleve a cabo la devolución que el Ministerio del Interior ha confirmado que tendrá lugar el miércoles día 8 de febrero en un vuelo que saldrá a las 06:45 horas, tal y como señalaba la ONG de los Jesuítas.
