MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) rechazó hoy el aplazamiento de la entrada en vigor de la nueva norma de protección frente al ruido en del Código Técnico de Edificación por parte del Ministerio de Vivienda, que asegura es "injustificado".
En ese sentido, manifiesta que los argumentos esgrimidos por el departamento que dirige Beatriz Corredor "carecen de todo rigor técnico, de consistencia económica y lo que es peor, representan una actuación arbitraria de un regulador con graves consecuencias para la industria y los ciudadanos".
Así, explican el Ministerio de Vivienda justifica la prórroga acordada en que el sector aún necesita tiempo para culminar los esfuerzos de formación y de perfeccionamiento de las herramientas informáticas y el catálogo de elementos constructivos necesario para implantar la norma.
Sin embargo, el COITT señala en un comunicado que es "igualmente falso" que el Catálogo de Elementos Constructivos no garantice el cumplimiento riguroso del Código que "recoge el 99 por ciento de los elementos constructivos de la edificación" que se utilizan en España, ni que afecte a las exigencias acústicas. En ese sentido, aseguran que los valores de tipo acústico reflejados son los correctos y que algunos de estos se han sobredimensionado para estar más cercanos del lado de la seguridad.
Igualmente afirma que "tampoco es cierto" que exista complejidad técnica en la redacción de los proyectos o que los costes de supervisión aumenten. Por este motivo insiste en que los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación por formación académica y experiencia acústica "están perfectamente capacitados para cumplir con las exigencias legislativas".
Finalmente, denuncian que este aplazamiento imposibilita amortizar dichas inversiones al no existir demanda obligada de productos y servicios, lo que repercutirá en una bajada de la inversión industrial, tanto en personal como en medios para mejorar la calidad de productos y servicios. También advierten de que esto podría suponer una "gran pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos de calidad" y de que no se invertirá en mejorar la formación del personal.
