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Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 10/06/2010 17:29

Las ONG denuncian que el FIEM creará más deuda externa en los países del Sur

   Las ONG y asociaciones que componen la Campaña '¿Quién debe a Quién?' aseguran que el Fondo de Internacionalización de la Empresa Española (FIEM) refrendado este jueves en el Congreso de los Diputados con la Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización generará más deuda externa en los países no desarrollados y permitirá "la violación de derechos humanos".

   "Para ¿Quién debe a Quién? esta nueva ley supondrá un grave retroceso en las obligaciones de nuestro país con relación a los compromisos internacionales de derechos humanos, la generación de deuda externa y la lucha contra la pobreza, profundizando la falta de control público, transparencia y rendición de cuentas", explican las organizaciones.

   Según la portavoz de la campaña y miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización, Gemma Tarafata, esta ley "ignora totalmente la corresponsabilidad que el Estado tiene en la crisis de la deuda de los países más empobrecidos" y "la creación de un nuevo instrumento generador de deuda externa para el Sur contradice totalmente el espíritu de la Ley de gestión de deuda externa, aprobada en 2006".

   Para la Campaña, el Gobierno quiere "buscar una salida a la crisis económica apoyando a las empresas españolas a costa de los derechos humanos en el Sur (...) y favoreciendo así la desviación de fondos públicos para proyectos en los que se violen los derechos humanos, se fomenten prácticas de soborno y corrupción, o en los que se generen graves impactos económicos, ambientales y sociales".


 

Ecuador detecta "remesas inversas"

Los ecuatorianos recurren a propiedades y ahorros para subsistir en España


El Ministro de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) del Gobierno de Ecuador, Francisco Hagó, afirma que con la crisis, se está produciendo un fenómeno de "remesas inversas" por el que sus emigrantes retiran ahorros y venden sus propiedades para "afrontar gastos corrientes" como el alquiler, la hipoteca o incluso la alimentación, y poder así seguir viviendo en España.Ampliar

 

 

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