MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ayuda oficial del Estado destina un 0,76 por ciento de los fondos a la inclusión de personas con discapacidad en proyectos de cooperación al desarrollo, según el estudio 'La situación de la discapacidad en la política española de cooperación para el desarrollo' realizado por una de los miembros de la dirección de Relaciones Internacionales de la ONCE, Beatriz Martínez de los Ríos, en el marco del convenio de colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
El estudio ha examinado la situación en la política española de cooperación para el desarrollo --en el periodo correspondiente al II Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008) y III Plan Director (2008-2012)-- con el objetivo de "mejorar la eficacia de la acción futura y contribuir a la promoción y adelanto de los derechos humanos de las personas con discapacidad a través de sus acciones". Asimismo, pretende identificar los principales elementos que son necesarios para seguir trabajando en la inclusión efectiva de la discapacidad en el futuro de las políticas de cooperación para el desarrollo.
La autora ha subrayado que la discapacidad debe de ser "un objetivo prioritario, además de que todos los instrumentos y herramientas de la cooperacion para el desarrollo deben ser inclusivos y accesibles". Además, ha lamentado que hoy en día todavía "se olvida que las personas con discapacidad también tienen que estar presentes en los proyectos de acceso a la justicia, en la participación política, así como en programas de acceso a la sanidad". "Esta situación implica que se pierdan grandes oportunidades así como el coste de oportunidad que tiene no incluir a las personas con discapacidad en todos los proyectos generales en los que pudieran tenido cabida", ha precisado.
Además, la experta ha criticado la falta de datos y la invisibilidad de las personas con discapacidad a lo largo de todos los documentos técnicos que se utilizan para realizar acciones de cooperación así como en los documentos de planificación estratégica importantes como el 'Plan Director', con los que se ha encontrado a la hora de realizar el informe. "Se pierde una gran oportunidad de formar, concienciar y utilizar estos documentos en el ámbito de otros países que cuentan con una tasa elevada de pobreza y donde las personas con discapacidad son considerados ciudadanos de segunda", ha agregado.
El secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles Orozco, ha expuesto que se ha aprobado un nuevo 'Plan Director' para los próximos cuatro años, que es "una hoja de ruta para esta legislatura para llevar a cabo las lecciones aprendidas del pasado y de las posibilidades que se abren como sociedad en los próximos años". Asimismo, ha reconocido que "es un plan realista, ajustado a las posibilidades que tenemos, un plan concentrado, más estratégico y más selectivo".
Robles Orozco considera también que hay que hacer "accesible e inclusiva" la Cooperación al Desarrollo para las personas con discapacidad así como fomentar el principio de la 'Política de Coherencia', es decir poner en marcha políticas activas de inclusión de personas con discapacidad; reconocer su vulnerabilidad; y facilitar el acceso a servicios sociales básicos en las mismas condiciones.
Por último el presidente del CERMI, Luis Cayo, ha recordado que la Cooperación al Desarrollo "no puede ser la gestión de lo que sobra en una sociedad satisfecha". "La cooperacion internacional es una dimensión más de esa necesaria internacionalización que necesitan todas las sociedades y ante la que quizá los movimientos sociales hemos estado un poco ajenos", ha apuntado.
