El PP presenta en el Parlamento andaluz una PNL para elevar las penas por delitos graves y promover su cumplimiento íntegro
CÓRDOBA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP-A, Javier Arenas, defendió hoy llevar al Parlamento de Andalucía el debate que ya se ha abierto en la sociedad, especialmente a raíz de los casos de Mariluz Cortés y Marta del Castillo, en relación a la posibilidad de incorporar la cadena perpetua al ordenamiento jurídico, algo que, según subrayó Arenas, sería "constitucional".
Arenas afirmó, durante su intervención hoy en Córdoba en la reunión del comité de dirección del PP andaluz, que, la aplicación de la cadena perpetua, "siempre con juicios de revisión, es plenamente constitucional, tal y como han dicho juristas de reconocido prestigio, incluido el que fuera presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Jiménez de Parga".
En este sentido, aseguró que "no se puede ni se debe renunciar a la apertura de un debate sobre la cadena perpetua, entre otras cosas porque en algunas de las sociedades democráticas de nuestro entorno, tales como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica o Austria, se protege a los ciudadanos con una completa cobertura legal, que incluye la condena a perpetuidad, sometida a juicios de revisión".
Por otro lado, Arenas recordó que el PP ya presentó, tras el caso de Mariluz Cortés, una propuesta, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, planteando el aumento de penas para delitos contra la libertad e indemnidad sexual cuyas víctimas fueran menores de 13 años o sufrieran alguna discapacidad psíquica, así como un efectivo cumplimiento de las penas.
El presidente del PP andaluz criticó que hasta el momento, "el Gobierno ha hecho caso omiso al mandato del Parlamento e incluso tampoco ha incluido la totalidad de las medidas propuestas por la Cámara nacional en el Anteproyecto de Código Penal presentado por el Consejo de Ministros el día 14 de marzo".
PROPUESTA AL PARLAMENTO ANDALUZ
Esta es la razón, en buena parte, por al que el PP ha presentado hoy en el Parlamento andaluz una proposición no de Ley (PNL) para, según anunció Arenas, que se inste al Gobierno de la Nación a elevar las penas por delitos graves y promover su cumplimiento íntegro. La iniciativa del PP andaluz aboga por reformas en el ordenamiento jurídico penal español y por la promoción de debate social sobre el cumplimiento de las penas.
Arenas señaló que el objetivo de la iniciativa es que el Gobierno andaluz tome la iniciativa "para exigir al Gobierno de la Nación que apruebe un Plan de Protección Integral de las Víctimas Especialmente Vulnerables".
Dicho plan, según la propuesta popular, debe contener medidas en cuatro ámbitos diferenciados, en el penal, en el penitenciario, en el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en el de la prevención del delito.
En el primer caso, la pretensión del PP es que se eleven de forma ejemplar las penas que deben sufrir los infractores de los delitos graves (delitos contra la vida, contra la integridad física y contra la libertad sexual), cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación. Dicho agravamiento debe incluir tanto la pena principal como las accesorias.
También hay que modificar todos aquellos preceptos del Código Penal referentes al cumplimiento íntegro de las penas, de tal forma que los condenados por los delitos, cuando la víctima sea especialmente vulnerable, cumplan íntegramente las condenas que se les haya impuesto. A ello se sumaría el introducir en el artículo 22 del Código Penal, como circunstancia general agravante de la responsabilidad criminal, la edad y la condición psíquica de la víctima.
En el ámbito penitenciario, el PP pretende que se revise con carácter general el sistema de concesión de grados y otros beneficios penitenciarios en el cumplimiento de las condenas por la comisión de los delitos descritos en los apartados anteriores.
En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los populares quieren reforzar y reorganizar por todo el territorio nacional, en el seno de la Policía y la Guardia Civil, los grupos de lucha contra el 'cibercrimen' y, además, reforzar con más medios personales y materiales los grupos especializados de protección al menor, aumentando la vigilancia policial en los entornos de menores.
Finalmente, la PNL del PP plantea, en el ámbito de la prevención del delito, crear un Centro de Protección de Menores 'on line', para que los menores puedan remitir aquellos correos o mensajes que les resulten sospechosos de tal forma que puedan denunciar automáticamente de forma inmediata y sencilla. De forma paralela, habría que desarrollar campañas de formación, con el fin de advertir a los menores, educadores y padres de los riesgos de la 'ciberdelincuencia'.
"EXIGENCIA SOCIAL"
A juicio de Arenas, "es una exigencia social creciente la introducción de reformas en la legislación penal y penitenciaria, con el objeto de ofrecer una respuesta a la progresiva, y más que justificada, preocupación de los ciudadanos ante determinados delitos, en los que las víctimas y sus familias están en una situación de especial indefensión respecto a sus agresores".
Por esta razón, el presidente del PP andaluz argumentó que "el Estado tiene el deber de proteger de forma eficaz a los ciudadanos contra las agresiones de la delincuencia y ésta tutela exige aún más una respuesta de mayor contundencia y agilidad cuando quienes sufren los ataques son menores de edad, personas que sufren algún tipo de enfermedad, menoscabo mental o son personas mayores, o cuando se trata de atentados terroristas, entre otros casos".
